El Gobierno de Cuba no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata
ESTADOS UNIDOS
PEDIDO LUCHA. “El Gobierno de Cuba no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y (…) no está realizando esfuerzos significativos para lograrlo”.
Así comienza el Informe sobre trata de personas 2023: Cuba realizado por Estados Unidos en el marco de su Índice de Tráfico de Personas 2023, en el que acusa a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua de no hacer lo suficiente para luchar contra la trata.
En el caso de Cuba, se denuncia que “hubo una política o patrón gubernamental para aprovechar los programas de exportación de mano de obra con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente en el programa de misiones médicas extranjeras. El gobierno continuó desplegando trabajadores cubanos a países extranjeros utilizando tácticas engañosas y coercitivas”.
También dice que el régimen cubano no abordó los delitos de tráfico a pesar de un número creciente de denuncias de ONG creíbles sobre la colaboración de funcionarios cubanos en abusos. Tampoco informó sistemáticamente a los participantes sobre los términos de sus contratos, que variaban de un país a otro; confiscó sus pasaportes y credenciales profesionales; y mantuvo una cantidad significativa de los salarios de los trabajadores”.
Siendo cómplices de los esquemas estatales de exportación de mano de obra al enjuiciar a las personas que abandonaron los programas de mano de obra patrocinados por el régimen debido a abusos y prácticas de explotación con fuertes indicadores de trata de personas.
“El gobierno no informó haber investigado ningún caso de trata en 2021″, reza el reporte. “Procesó a 12 sospechosos por posibles delitos de trata en 2021, en comparación con 17 procesamientos en 2020 y 15 en 2019. Los funcionarios informaron haber condenado a 10 traficantes sexuales, en comparación con los traficantes condenados en 17 casos de trata sexual y un caso de trata laboral en 2020. Según informes del gobierno, las sentencias oscilaron entre cinco y 20 años de prisión”.