La Corte Suprema evaluará el martes, 20 de junio, la solicitud que hizo la Procuraduría General del Estado para constituirse como «actor civil» o «parte agraviada» en el proceso penal seguido al expresidente Pedro Castillo y otros, por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

EL MARTES 20

El juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso que esta solicitud sea analizada en un audiencia virtual a realizarse desde las 11 y 30 de la mañana en la que deberán participar las partes involucradas para así emitir una decisión a respecto.

«CONVOCAR la realización de la audiencia de constitución en actor civil, para el día martes 20 de junio de 2023 a las 11:30 a.m. horas, a realizarse a través del aplicativo Google Meet; para lo cual se requiere la presencia virtual obligatoria del representante del Ministerio Público, Procurador General del Estado, del imputado y su defensa técnica», indica la resolución.

El magistrado adoptó está medida luego que la defensa legal del exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez formuló una oposición al pedido que hizo la Procuraduría General del Estado en este caso.

Al respecto, el Código Procesal Penal establece que si una de las partes ha manifestado su oposición, mediante escrito fundamentado, el juez deberá citar a una audiencia a las partes procesales.

REPARACIÓN CIVIL

Si el juez supremo, Juan Carlos Checkley declara fundada esta solicitud, la Procuraduría General del Estado estará habilitada para solicitar el pago de una eventual reparación civil a favor del Estado en caso los investigados sean hallados responsables de los cargos que se les imputa dentro de este proceso penal.

La Procuraduría General del Estado incluyó en este requerimiento su propuesta para que el expresidente Pedro Castillo, los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez y el exasesor Aníbal Torres paguen en forma solidaria la suma de 67 millones 711 mil 48.33 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado.

En su escrito presentado en mayo último, la defensa legal del Estado se reserva el derecho de variar y/o incrementar este monto inicial postulado de surgir nuevos elementos de convicción durante el desarrollo de este proceso penal.