PJ rechazó pedido de Ricardo Briceño para excluirlo del caso de Keiko Fujimori
El juez Víctor Zúñiga Urday rechazó la solicitud del expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, para ser excluido del proceso penal que afronta junto a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros por los aportes a sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016.
El magistrado declaró infundado el pedido que hizo el empresario, a través de su defensa legal, para que se declare el “sobreseimiento” o “archivo” de los cargos que le imputa el fiscal José Domingo Pérez Gómez dentro de la acusación penal que presentó sobre este caso.
En dicho pedido se da cuenta sobre una insuficiencia de elementos de convicción que vinculen a Ricardo Briceño con los hechos que se le atribuyen en este proceso penal y que no es válido acusar a alguien por lavado de activos cuando el delito fuente, que en este caso es fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de la Confiep, fue archivado por la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de la Victoria-San Luis, en febrero del año 2022.
No obstante, el juez Zúñiga Urday desestimó estos argumentos al determinar que los hechos tal como los imputa el Ministerio Público si constituirían delito.
El magistrado dispuso notificar su decisión a la Segunda Sala Constitucional de Lima que ordenó a su despacho emitir un pronunciamiento respecto a esta solicitud de sobreseimiento o archivo de los cargos que hizo la defensa legal de Ricardo Briceño en este caso.
Los cargos
El fiscal José Domingo Pérez Gómez solicitó 22 años y 08 meses de prisión contra Ricardo Briceño al acusarlo de supuestamente falsear balances y estados financieros omitiendo señalar que los fondos de la Campaña de Promoción de Inversión Privada Dos de la Confiep era para financiar la campaña de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta presidencial del 2011.
La tesis fiscal atribuye a dicho empresario el presunto delito de lavado de activos derivado del delito de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de la Confiep.
No obstante, la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria – San Luis resolvió en febrero del 2022 archivar la investigación de presunto fraude.