Corte de Constitucionalidad de Guatemala hizo un llamado a las autoridades electorales a que respeten el proceso hacia la segunda vuelta
GUATEMALA
ELECCIONES INTERVENCIÓN
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala hizo un llamado a las autoridades electorales, al Ministerio Público y al Órgano Judicial a que respeten el proceso hacia la segunda vuelta de la elección presidencial.
Los magistrados recordaron a las instituciones que la Corte admitió un amparo provisional a favor del partido Semilla, cuyo candidato a la presidencia, Bernardo Arévalo, busca disputar el cargo contra Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, en la votación del 20 de agosto.
En un comunicado publicado el viernes en la cuenta de Twitter de la Corte, recuerdan que el amparo deja sin efecto la orden del juzgado Sétimo de Instancia Penal, que había ordenado al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que suspendiera la personalidad jurídica de Semilla por supuestas irregularidades en su inscripción. El partido ha negado estas acusaciones.
ALLANAMIENTOS
El Ministerio Público, con apoyo de la Policía Nacional Civil, realizó un allanamiento en la sede del partido. Las autoridades dijeron a CNN que buscan «fortalecer los indicios» y que ni el fallo de la Corte o el comunicado frenan las diligencias de investigación.
El Ministerio Público intervino las oficinas de Recursos Humanos del TSE en busca del expediente laboral de Eleonora Castillo, subdirectora del Registro de Ciudadanos y quien desde el lunes funge como directora interina, tras la petición de permiso personal hecha por Ramiro Muñoz.
El Ministerio Público confirmó que el Tribunal ha girado orden de captura contra Castillo por supuesta obstrucción de la justicia, al no hacer efectiva la suspensión del partido.
Los magistrados de la Corte dicen en su comunicado que, dado que la orden emitida por el Tribunal está en suspenso, todas las diligencias posteriores no deben tener efecto.
El Tribunal Supremo Electoral presentó ayer viernes un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. En un comunicado publicado condenó lo que califica como “acciones desproporcionales, intimidatorias y con exceso de fuerza”, sin especificar a cuáles se refiere.