El Estado de Chile deberá pagar 1,4 millones de dólares a 31 de los 33 mineros que quedaron atrapados y que fueron rescatados de la mina San José

CHILE

PAGO MINEROS. El Estado de Chile deberá pagar 1 240 000 000 de pesos (1,4 millones de dólares) a 31 de los 33 mineros que quedaron atrapados y que fueron rescatados de la mina San José, en la región de Atacama, en 2010. Los trabajadores, que sobrevivieron tras permanecer más de dos meses en un pique a 720 metros de profundidad, reclamaron ante la Justicia que las instituciones a cargo de fiscalizar el funcionamiento de los yacimientos del país sudamericano no operaron a tiempo para evitar el accidente.

En un fallo entregado el pasado jueves, la Corte Suprema chilena rechazó un recurso de casación presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que buscaba revertir una sentencia que condenaba al fisco a indemnizar a los rescatados por daño moral. Así, cada uno de ellos recibirá 40 000 000 de pesos (unos 48 000 dólares), la cifra que había sido fijada en una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago en 2021.

La acción legal, que fue impulsada por la mayoría de los trabajadores afectados —solo dos de los mineros desistieron de demandar—, se sustentaba en la falta de servicio de organismos estatales como el Servicio Nacional de Geología y Minera (Sernageomin) y la Dirección del Trabajo (DT), quienes tenían el deber de fiscalizar las condiciones de seguridad y laborales de la faena de propiedad de la empresa minera San Esteban Primera. Según ellos, una reacción oportuna de las entidades públicas ante las vulneraciones de la compañía habría evitado el desastre que los dejó bajo tierra durante 69 días.

La resolución del máximo tribunal detalla que “es posible sostener que el Estado de Chile incurrió en falta de servicio, por cuanto uno de sus órganos incumplió la obligación legal antes identificada, permitiendo el desarrollo de la actividad minera en que se desencadenaron los acontecimientos materia de autos, pues, de haber cumplido el Sernageomin su rol precautorio y de fiscalización, la explotación de la mina San José —o su reanudación— jamás habría sido autorizada”.

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