Por César Gutiérrez – El Montonero

En el monótono mensaje presidencial de Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte anunció inversiones privadas en plantas petroquímicas en el sur del Perú, en los próximos tres años. Personalmente, entendía que leía lo que su voluntarista titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Óscar Vera, le había dado como información para el discurso; sin embargo, cuando el capitoste del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, afirma con solemnidad lo mismo preocupa la propagandización irresponsable de expectativas. 

Es necesario empezar señalando que se ha empezado a hablar de petroquímicas que utilizan gas natural (GN) como materia prima, con sus dos componentes: metano y etano. Del primero se puede producir fertilizantes y explosivos (en plantas separadas), y del segundo se obtiene etileno, insumo para la fabricación de plásticos. 

En el caso de la petroquímica del metano, el primer paso es producir amoniaco, retirando moléculas de hidrógeno del GN, producto básico en los fertilizantes y explosivos. En el caso del etano, se necesita separar el metano del etano, construyendo exprofeso una planta para este fin. 

Un punto de partida es el precio del GN, las petroquímicas requieren cotizaciones menores a los que 2.55 dólares por millones de unidad de energía (US$/MMBTU), que ha sido el valor promedio en julio pasado, en el mercado relevante de la Costa del Golfo en los Estados Unidos (Henry Hub). El precio promedio para el 2023 en el Perú es de 3.48 US$/MMBTU; es decir, 36% más elevado del necesario. 

Los ministros propagandistas de los proyectos tendrían que asegurarles a los interesados que pueden conseguir que el Consorcio Camisea, con su operador Pluspetrol, venderá el GN al precio que necesita la industria. Es preciso mencionar que el Estado no dispone de mecanismo alguno que lo garantice. Y de conseguir el precio, los interesados en producir fertilizantes o explosivos tendrían que negociar un contrato de suministro con Pluspetrol, y luego suscribir un compromiso de construcción con el Estado. 

En esta actividad industrial la economía de escala es indispensable, por lo que la planta tiene que ser competitiva a nivel internacional. En el caso de fertilizantes la capacidad instalada de producción anual debe ser como mínimo 900 000 toneladas métricas (MTm) de amoniaco y 1.3 millones de toneladas métricas (MMTm) de urea, de los cuales el 70% será para exportación. Esto significa inversiones del orden de 2500 millones de dólares (MMUS$).

Con precio de GN apropiado y compromiso de inversión con el Estado, recién se puede garantizar al SITGAS (Sistema de Transporte de Gas del Sur) un transporte de 100 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD), para el caso de fabricación de fertilizantes, que representa 20% de la capacidad del SITGAS.

En cuanto a la petroquímica del etano la cosa es más complicada aún, hay que construir una planta de separación de metano y etano, que según la Ley 29690 (artículo 3) corresponde hacerlo a los productores. Antes de anuncios entusiastas las autoridades tendrían que garantizar con Pluspetrol (lotes 88 y 56) y/o el consorcio español-chino, Repsol-CNPC (lote 57), su disposición y condiciones en las cuales harían la inversión en separación. 

La economía de escala en una petroquímica del etano, para producir etileno, se logra con una planta que sea capaz de producir 1.2 MMTm al año, que implica una inversión de 3000 MMUS$, sin contar con un etanoducto, el que no está comprendido en el proyecto SITGAS, que elevaría su inversión de 4500 MMUS$ a 5700 MMUS$. 

En esta breve evaluación hay dos variables no mencionadas: 1) que la tendencia mundial actual es utilizar amoniaco verde-obtenido por electrólisis del agua y energía renovable-, que no requiere utilizar GN, y que le restará competitividad rápidamente al producido a partir de hidrocarburos, y 2) que siendo inversiones billonarias requieren del factor confianza que hoy no existe ni en el corto plazo para agentes locales. 

Un punto adicional para desbaratar la promesa gubernamental es que el desarrollo desde la concepción hasta la puesta en operación comercial, ya sea del SITGAS o de cualquiera de las plantas mencionadas es de 6 años aproximadamente. 

Lo que se debe exigir a los ministros Contreras y Vera es seriedad en sus anuncios, no se puede crear falsas expectativas.