Investigación sobre la rendición de cuentas de los 10 partidos que tienen representación en el Congreso de la República detectó irregularidades entre junio y diciembre del 2022. Empresas recién creadas, que ya no operan en sus domicilios legales o pagos de casi un millón de soles a un mismo proveedor, son solo algunos de los hallazgos.

SON 10 AGRUPACIONES EN EL CONGRESO

Los diez partidos políticos que fueron elegidos para el Congreso de la República (2021-2026) presentan irregularidades en el manejo del dinero que les otorga el Estado mediante la ley de financiamiento público directo, de acuerdo con un informe elaborado por la ONG Asociación Civil Vigilancia Ciudadana, informó RPP.

La ley de financiamiento público directo busca fortalecer a las organizaciones políticas mediante actividades como formación, capacitación, investigación y funcionamiento ordinario, lo que se traduce en un desembolso de 77 millones de soles anuales para todos los partidos representados en el Parlamento, precisa el informe. Sin embargo, añade que la rendición de cuentas que hacen las organizaciones ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) demuestra que los fondos no se están utilizando como se debería.

«Son situaciones irregulares que nos llaman poderosamente la atención, que éticamente tienen muchos cuestionamientos y que, en algunos casos, podrían tener consecuencias legales. Tenemos el caso de partidos que le pagan a un solo proveedor casi un millón de soles o empresas que, aparentemente, se crean con fechas muy cercanas al desembolso del dinero», dijo a RPP Noticias Margarita Díaz Picasso, directora ejecutiva de Vigilancia Ciudadana.

Díaz Picasso detalló que, incluso, han visitado algunas de las empresas que los partidos políticos consignan como proveedoras ante la ONPE y encontraron otros negocios operando. «Estamos frente a situaciones sumamente delicadas porque este es un dinero que se le asigna a los partidos políticos como un voto de confianza (…) y debería utilizarse para su propio fortalecimiento», indicó. 

Margarita Díaz Picasso reveló que se han encontrado dificultades de distinto nivel en todos los partidos políticos que han recibido este recurso (a excepción de Acción Popular, que no lo recibió durante el periodo en el que se hizo la investigación). A continuación, los casos que Vigilancia Ciudadana incluyó en su informe:

PERÚ LIBRE

La ONG Vigilancia Ciudadana encontró pagos a personas procesadas o condenadas en su rendición de cuentas. Por ejemplo, Vladimir Cerrón recibió S/ 129 mil en el 2022 por el concepto de [ser] secretario general nacional del partido. Cerrón está investigado por lavado de activos en el caso de los ‘Dinámicos del Centro’.

También se le pagó más de 20 mil soles a Luis Ramón Mori, investigado por ser, presuntamente, el testaferro de Vladimir Cerrón, señala Vigilancia Ciudadana. De acuerdo con la oenegé, el desembolso fue por los conceptos de mantenimiento, limpieza y remodelación. Mientras que, a Jimmy Sarmiento Juli, sentenciado por la invasión de la Cooperativa de Vivienda Viña del Mar en Ica, se le otorgó 51 mil soles por el concepto de asesoramiento legal y coordinación de las elecciones internas. 

Otra de las irregularidades detectadas en la investigación de Vigilancia Ciudadana fue el registro de proveedores cuyo rubro de negocio no coincidía con el servicio prestado, como la empresa LLIKATEL E.I.R.L., que recibió 45 mil soles. «Actualmente ha agregado nuevas actividades económicas que sí calzan con los servicios brindados para el periodo de julio a diciembre del 2022», se indica en el informe.

FUERZA POPULAR

En el partido naranja -señala el informe de Vigilancia Ciudadana-, se detectaron pagos a personas investigadas por la justicia como Pier Figari, exasesor investigado por lavado de activos, «que recibió 53 mil soles en el 2022 por ser el concepto de [ser] asesor en formación, capacitación e investigación»; Adriana Tarazona, «investigada por lavado de activos, recibió 56 mil soles en el 2022 por el servicio de asistente de recursos humanos»; y Carmela Paucará, «investigada por lavado de activos en el Caso Cócteles, recibió 106 mil soles entre 2021 y 2022 por el concepto de coordinadora nacional de las actividades». 

RENOVACIÓN POPULAR

El partido del actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, «desembolsó 39 mil soles a la Consultora Focus, empresa con RUC activo desde el 01 de julio del 2022, justo antes de la presentación de rendición de cuentas del segundo semestre del año, es decir, del periodo julio-diciembre 2022».

Según constató Vigilancia Ciudadana, la empresa no opera en su domicilio legal. En su lugar, hay un estudio de ingeniería.

SOMOS PERÚ

En el 2022, Somos Perú realizó un pago de 958 mil soles a un solo proveedor, casi medio millón de soles, a la empresa Central Mediática, por casi 96 «actividades de formación y capacitación», entre junio y diciembre de ese año. Según su rendición de cuentas, las capacitaciones se realizaban seis veces al día. Todo documentado en el informe de Vigilancia Ciudadana.

AVANZA PAÍS

Este partido contrató a la empresa Global Perú Comunicaciones por tres servicios de capacitación el 31 de diciembre del 2022 a la que le pagó 464 mil soles. Según el informe de Vigilancia Ciudadana, la empresa se creó dos semanas antes de brindar dichas capacitaciones. Al visitar el domicilio legal que figura en su RUC, le indicaron a la ONG que actualmente realizan trámites de SUNARP. 

OTROS

En ambos casos se registraron pagos como proveedores a candidatos del mismo partido. Entre 2021 y 2022, se le pagó 64 mil soles a Eligorio Llontop Chafloque, quien fue candidato a regidor distrital de Puente Piedra en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 por Podemos Perú, y que resultó elegido.

El Partido Morado, por su parte, le pagó 53 mil soles en el 2022 a Johan Francisco del Castillo Gamarra, quien fue candidato en las Elecciones Regionales y Municipales del 2022 por la alcaldía del distrito de Wanchaq en Cusco.

«Bajo estas situaciones identificadas se podría estar financiando campañas bajo la simulación de servicios diversos, contraviniendo la prohibición expresa de la norma», explica el informe. 

La directora ejecutiva de Vigilancia Ciudadana, Margarita Díaz, resaltó la última modificación que se hizo al reglamento de la ONPE, el pasado 9 de mayo, mediante la cual se permitirá mejorar la fiscalización y poner condiciones más estrictas a los partidos políticos que reciban este financiamiento. Una de ellas es tener proveedores con dos años de experiencia mínimo, es decir, que ya no se podrá contratar a empresas que se hayan creado días o meses antes.