El pasado 19 de setiembre, el alcalde provincial de Moyobamba, en San Martín, Ernesto Peña Robalino, fue detenido por la Policía Anticorrupción a solicitud de la Fiscalía por haber cometido presuntos actos de corrupción. A Robalino se le acusa de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

A la fecha, el burgomaestre afronta nueve meses de prisión preventiva, ordenada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Moyobamba, luego de que el fiscal Willian Bustamante Rafael presentara audios y conversaciones de WhatsApp que respaldan su acusación. 

Robalino Peña resultó elegido alcalde en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 celebradas en octubre del año pasado. La población de Moyobamba lo escogió para gobernar la provincia hasta el 2026, pero a nueve meses de haber iniciado su gestión se encuentra fuera del cargo y, en lo que respecta a sus credenciales como autoridad, será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) quien resuelva su caso.

En La Libertad, el alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, fue suspendido por el Concejo Provincial decidió por unanimidad el pasado 14 de setiembre, por tener vigente una sentencia en segunda instancia por delito doloso. 

Como se recuerda, el burgomaestre fue condenado en 2019 por el Quinto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad por el delito de difamación agravada contra una jefa de la comisaría del distrito de Moche. Al ser ratificada la sentencia, el caso de Arturo Fernández Bazán está a la espera del cumplimiento del plazo de apelación y posterior resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 

Pero estas no son las únicas autoridades con problemas relacionados a sus cargos de elección pública.