Por: Carlos Meneses

Con el mismo afán con el que se busca la verdad en la muerte de una persona que deja de existir es menester esclarecer casos como los de Yanaquihua, Juliaca, Ayacucho y de otras zonas del Perú.

Aparte de ser una obligación para los casos de muerte sin enfermedad previa, los familiares del extinto siempre quieren saber la causa del deceso de un ser querido y no es posible, en el Perú, que cada vez sean más frecuentes los casos en que sobre todo autoridades no se interesen en averiguar las razones que privan de la vida a un ser humano.

En el caso de la política hay cada día más inquietud con respecto a lo que motivó la muerte de los aproximadamente 70 peruanos que fallecieron en los sucesos de violencia que se produjeron en el país en los primeros meses del 2023.

A ello se viene a agregar que el Consejo Regional de Arequipa tras 5 meses de iniciar investigación sobre lo que ocurrió en Yanaquihua donde murieron 27 mineros informales, virtualmente ha terminado su averiguación sin conocer verdades.

Según se dice en el informe final de tal trabajo, la Gerencia Regional de Energía y Minas no pudo determinar el motivo de una explosión que acabó con las vidas de los trabajadores citados, hecho que conmovió a todo el país.

Tampoco se ha avanzado en la indagatoria sobre lo ocurrido con los hechos de violencia de comienzos de año, los fiscales y el Ministerio Público no arriban a conclusiones para saber qué pasó con las vidas cortadas abruptamente.

La investigación fiscal es obligatoria, necesaria y por eso hay inquietud ante lo que se observa como una maniobra de impunidad inaceptable. Alguien tiene que responder por la pérdida de vidas y son cada vez más frecuentes las veces en que se señala que las pretensiones sean las de olvidar lo ocurrido con una simpleza que desconcierta a todos.