La investigación preliminar en contra de Luz Marina Zeballos Patrón, esposa del gobernador Rohel Sánchez Sánchez, podría culminar definitivamente el próximo lunes 30 de octubre. Acorde a la defensa legal de la investigada, no existen los criterios suficientes para que el caso se considere una investigación compleja; razón por la cual –pese a que la Fiscalía apeló el control de plazos en favor de la investigada– el proceso preliminar por presunto tráfico de influencias debería culminar favorablemente para Zeballos Patrón.

El proceso en contra de la esposa del gobernador se sustenta en capturas de pantalla de una presunta conversación de WhatsApp en la que Zeballos Patrón envía dos documentos –aparentemente curriculum vitae– acompañados de un mensaje reenviado que muestra: «directora es la propuesta», «cualquier chamba». Para el Ministerio Público estos mensajes demuestran un posible direccionamiento en la contrataciones dentro del Gobierno Regional de Arequipa. No obstante, la defensa de la investigada asegura que dichas capturas de pantalla no corresponden a las conversaciones de la acusada, por lo que no deberían ser consideradas como pruebas válidas ni deberían representar un agravante en el proceso en curso.

«No es un delito recomendar, en ese hipotético caso el delito de corrupción es pedir un favor a cambio de algo. Hasta hoy no se acreditó que esas declaraciones (capturas) vengan de mi patrocinada. Incluso el señor Slender (Andía Condo) aseguró que la señora Zeballos Patrón no le entregó nada. No hay pericias que demuestren lo contrario y no hay ningún elemento probatorio que demuestre los favores a cambio de algo. Es solo un tema de morbo y sospecha», refirió el abogado de Zeballos Patrón, Karl Borjas Calderón.  

Además de ello, para la defensa legal, la Fiscalía cometió muchos errores en el actual proceso contra Zeballos Patrón, pues en un inicio se le investigó por presunto tráfico de influencias, pero también como presunta instigadora de negociación incompatible. Lo que para Borjas Calderón no tiene sustento pues –si bajo esa teoría– son instigadores, «¿quién sería el autor?», sostuvo. Además, pese a que la jueza Janet Lastra Ramírez ordenó al Ministerio Público pronunciarse sobre el caso, este no se hizo. Lo que para el abogado debería tener consecuencias jurídicas. 

«Para que una investigación sea compleja, la norma dice que debe darse una pluralidad de procesados, pero solo son dos (Zeballos Patrón y Andía Condo); que debe haber una pluralidad de afectados, pero al ser el Estado el posible agraviado solo sería una víctima. La norma manifiesta también que deben darse muchas diligencias, pero no las hay; solo hace falta un testimonio y pedidos que ya se hicieron. No hay elementos para que este caso sea complejo, lo que ha hecho la Fiscalía es un capricho para seguir manteniendo investigada a mi patrocinada hasta diciembre», aseveró el abogado Borjas Calderón. 

La defensa sostuvo además que el allanamiento a la vivienda de Zeballos Patrón –ocurrido el miércoles 11 de octubre– no se realizó debido a nuevos hallazgos o indicios en la investigación, sino que fue consecuencia de la insistencia de la Fiscalía. Pese a ello, no se logró encontrar ninguna prueba o indicio incriminatorio, pero sí se expuso la intimidad de la vivienda de la acusada, incluso se difundió fotos donde aparecen familiares de Zeballos Patrón que no tienen ninguna relación con la investigación, incluido su menor hijo. El abogado adelantó que debido a ello se evalúa proceder legalmente contra los responsables de dicha situación, Mery Bellido Marroquín y Arturo Valencia, por desacato a la autoridad y posibles daños y perjuicios contra la acusada. 

Con esos argumentos la defensa legal de Zeballos Patrón busca que la jueza haga valer su decisión y no extienda más los plazos como pretende el Ministerio Público, pese a que la investigación fue declarada inicialmente como compleja el 25 de setiembre. Por lo que según el Ministerio Público el pedido de ampliación se realizó dentro de los plazos correspondientes.