Por: Rubén Quiroz Ávila

Se ha ido demostrando que el modelo actual de producción de papers y su reconocimiento en los sistemas de validación científica corre un gran peligro y que coloca a la ciencia misma en una situación dramática. Hay dos grupos que se están enfrentando y que, lamentablemente, va ganando la opción mercantilista. Por un lado, la comunidad científica que, a pesar de los permanentes escasos recursos, crea conocimiento con un ecosistema que garantiza la continuidad del saber humano con procedimientos éticos probados y, por otro lado, un grupo de ladinos que han aprovechado las brechas del sistema para pervertir la producción científica y se dedican a fabricar y distribuir artículos con acciones más bien de índole criminal.

La pequeña y entusiasta comunidad científica ha intentado defender sus buenas prácticas de investigación y difusión, subrayando con persistencia la fundamental e imprescindible condición ética de toda constitución del saber, pero tiene un oponente que hace uso de estratagemas no convencionales y que rompen cualquier marco moral para sacar el máximo provecho. Para ello, al detectarse, como en el caso peruano, que carece de sistemas de control rigurosos y un organismo gubernamental sumamente laxo para reaccionar con velocidad y firmeza ante estos escenarios de aprovechamiento, los mercaderes de papers han organizado toda una industria en la que, lamentablemente, unos seudoinvestigadores han sacado usufructo y distorsionado el axioma de buena voluntad de validar la producción a través de artículos en revistas indexadas.

Estas malas prácticas se han ido extendiendo a tal punto que podemos hablar de una perversa normalización ya en sectores cada vez más crecientes en los que las fronteras de lo correcto e incorrecto se han ido calculadamente borrando. Y hay varios cómplices. Desde que el organismo nacional reconoce como válido el artículo sin ninguna garantía que ha sido filtrado con hitos de buenas prácticas, ya hay un problema grave. Además, cuando se detecta que hay agentes que se han incorporado al sistema para pervertirlo y este organismo que supuestamente vela por la seguridad de la producción científica hace poco, el problema se agrava. Es decir, en el caso peruano, no hay ningún castigo por haber comprado autorías, usado datos falsos o cualquiera de las malas prácticas detectadas. Ante esa imposibilidad administrativa de eliminar a aquellos que presentan un inmenso arsenal de artículos sin validación ética, sostengo que estos grupos delictivos han sobrepasado la capacidad de respuesta institucional y, en la práctica, están tomado el control del sistema científico peruano.

Estamos ante un dilema que requiere una protesta vigorosa, urgente, necesaria de la comunidad que históricamente ha velado por los intereses del bien común y valora, sin dudar, el saber humano.