Un reportaje dominical reveló que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) multó con 500 000 soles al Congreso por discriminación y hostigamiento laboral contra una trabajadora.

Emily Silva denunció al legislador de la bancada Bloque Magisterial, Edgar Tello, por haberla despedido en mayo pasado al no aceptar, supuestamente, que le recortara el sueldo. Ella era asesora y cuando ocurrió el hecho tenía 29 semanas de embarazo. Posteriormente, el 26 de julio, cuando José Williams era presidente del Congreso, la mujer fue cesada definitivamente.

«El acta [de Sunafil] constata hostilidad, maltrato, degradación de puesto y riesgo para mi salud y para la de mi hijo», contó.

Ya en junio último, dio cuenta en RPP que, al oponerse a la presunta reducción salarial, le bajaron de rango de asesora II a auxiliar.

Según el programa Cuarto Poder, el último jueves 16 de noviembre, tras una investigación de seis meses, la Sunafil le dio la razón a Silva. 

«Lo que se busca es que ellos corrijan de ahí para adelante, que no cometan más actos de hostilidad en contra de su persona, que nivelen y que le reconozcan el sueldo y la remuneración», explicó Mirian Elizabeth Mellado Quispe, inspectora de Sunafil.

Emily Silva ya laboraba como asesora en el Legislativo cuando conoció a Edgar Tello. En julio de 2020, este, según chats de WhatsApp, llamaba respetuosamente “doctora” a la trabajadora, cuando buscaba una reunión —en la que también quería participar el expresidente Pedro Castillo— con el entonces parlamentario Grimaldo Vásquez.

En julio de 2021, Edgar Tello se convirtió en congresista y contrató a Emily Silva en su despacho. Ambos trabajaron juntos durante casi un año. En ese tiempo, ella ha denunciado al legislador incluso ante la Fiscalía.

«El congresista Tello se daba el lujo de ir a las fiestas de promociones y regalar sobres con dinero de nosotros”, relató indignada.

El 3 de agosto pasado fue repuesta en el departamento de comisiones del Congreso, pero solo por tres meses y un sueldo de período de prueba. Ese contrato culminó el 31 de octubre y desde ese día la pasaron al sótano del Congreso.