El Ministerio Público acudió ayer miércoles a las oficinas de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ubicada en el distrito de San Isidro, para incautar un grupo de computadoras de la Dirección de Servicios Disciplinarios (DPP), donde se habría dado un copamiento de puestos de manera irregular.

INVESTIGAN COPAMIENTO DE PUESTOS

La diligencia estuvo liderada por el fiscal Juan Carlos Zúñiga Ríos, quien labora en el Sexto despacho de la Primera Fiscalía especializada en delitos de Corrupción. Antes de ingresar a la sede de la JNJ, indicó a los periodistas que el Poder Judicial autorizó que se ejecute la medida.

“Se hizo una diligencia de la incautación de las computadoras que se han debido entregar en la Junta Nacional de Justicia. Ante la negativa que no puedan darse, se pide una medida al juez y este nos ha autorizado para poder incautarlas”, dijo Zúñiga.

Hay que recordar que personal de la Fiscalía llegó el lunes pasado para solicitar expedientes administrativos, órdenes de servicio, contratos y currículums del personal de la JNJ. Incluso, se llegó a tener una entrevista con la consejera Imelda Tumialán, presidenta de la entidad, para que se colabore con la investigación por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

El escándalo que salpica a la JNJ se dio a conocer el último domingo en el programa Punto Final. En el espacio de Latina Televisión se reveló que un grupo de funcionarios se apoderaron de la Dirección de Servicios Disciplinarios (DPP). Esta área tiene la función de darle trámite a las denuncias, investigaciones y procesos seguidos contra jueces, fiscales y jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Entre los implicados se encuentran Frank Fernández, Johan Castillo de la Cruz, Linda Castillo de la Cruz, Claudio Valdera Bohorquez, Rayan Calderón Bringas, Milena Aguilar Valle y Edson Villarroeal Beraún. Todos los mencionados formarían un círculo de amigos que se ayudaron mutuamente para conseguir puestos dentro de la JNJ sin tener la más mínima experiencia laboral.

Tras el escándalo, la JNJ tuvo que emitir un comunicado para informar que la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios inició una investigación interna para “determinar responsabilidades si fuere el caso, debiendo emitir el informe y las recomendaciones pertinentes en el más breve plazo”.

Adicionalmente, agregó que el personal de apoyo para la Dirección de Servicios Disciplinarios, donde se contrata a auxiliares, técnicos y analistas, está a cargo de un comité que es elegido por la Dirección General. Allí se cuentan a un representante de la citada áera, de la Oficina de Recursos Humanos, y de la DPP.

“El procedimiento es público y transparente. Está regulado por una directiva interna y tiene varias etapas, como la evaluación curricular, evaluación de conocimientos y entrevista personal”, se lee en el texto de la JNJ.

La entidad que se encarga de evaluar, nombrar, ratifica y destituir jueces y fiscales añade que el proceso para la Contratación de Administrativa de Servicios (CAS) de Frank Fernández, Johan Castillo de la Cruz, Linda Castillo de la Cruz, Claudio Valdera Bohorquez, Rayan Calderón Bringas, Milena Aguilar Valle y Edson Villarroeal Beraún se hicieron sin que “haya observaciones”.

Luego de la llegada del Ministerio Público, la JNJ emitió una misiva donde refiere que se brinda todas las facilidades para que se realicen las diligencias respectivas. En tanto, manifestaron que las computadoras no fueron llevadas el día de ayer, porque se disponía un mandato judicial al contar con información sobre denuncias e investigaciones de “reserva legal”.