El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, actualmente a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley Soria, dispuso 73 medidas de levantamiento de secreto de las comunicaciones, en procesos que involucran a altos funcionarios en delitos graves y complejos, entre el año 2020 a la fecha.

Este tipo de mandato se cumple a través de las intervenciones, grabaciones o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación y geolocalización de teléfonos móviles.

Asimismo, el juez ordenó, en el mencionado periodo, diez levantamientos del secreto bancario (autorización de pesquisa o registro de una entidad del sistema bancario o financiero) y de la reserva tributaria (requerimiento a la Administración tributaria la exhibición o remisión de información de carácter tributario). 

Además, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria decretó 15 diligencias de allanamiento.

«Cada una de estas medidas fueron dictadas en la etapa de investigación, a solicitud del Ministerio Público y  recae, regularmente, sobre diversos investigados, llegando a veces a decenas, ello con el fin de aclarar los hechos materia de investigación o cargos imputados», explicó el juez supremo Checkley Soria.

«Son medidas o herramientas que se dan cuando se trata de delitos graves como de crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, corrupción y pueden ser eficaces dependiendo la estrategia ideada por la Fiscalía para perseguir el delito», agregó.

Asimismo, señaló el magistrado Checkley Soria, a cargo del referido órgano jurisdiccional desde el 2020, que para la dación de estas medidas, se evalúan los criterios de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad.

«Estas medidas pueden ayudar en el juicio a corroborar datos que se tienen en la investigación, como las declaraciones dadas por los imputados; de ese modo se puede acreditar su efectividad», puntualizó.