Por: Christian Capuñay Reátegui

Es evidente que la institucionalidad en el Ministerio Público se encuentra seriamente afectada. La última crisis en la entidad, detonada por la investigación a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, por integrar una presunta organización criminal, sería suficiente para corroborar tal premisa. Sin embargo, el problema no surge recién con este caso, pues se viene arrastrando desde hace varios años.

Al respecto, cabe recordar cómo el gobierno fujimorista controló esta institución con el objetivo de manipular, de acuerdo con su conveniencia política, los procesos de investigación penal en la década de 1990. Para lograrlo, fue clave la presencia en la Fiscalía de la Nación de Blanca Nélida Colán, una magistrada integrante del entorno de Vladimiro Montesinos y que fue funcional a los intereses del régimen de aquella época.

Del mismo modo pueden citarse casos más recientes, como el desempeño en la Fiscalía de la Nación de Pedro Chávarry, quien fue criticado por el aparente acuerdo tácito de apoyo mutuo que estableció con algunos grupos políticos del Congreso. Ese vínculo, no obstante, no evitó que dejara el cargo ni que finalmente fuera destituido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a raíz de los hechos no tan transparentes que ocurrieron durante su gestión.

Similar final tuvo, asimismo, el fiscal de la nación Carlos Ramos Heredia, cuya labor fue cuestionada tras ser relacionado con organizaciones criminales y por decisiones polémicas que tomó antes de asumir el cargo.

Con esta perspectiva podría afirmarse que existe un permanente interés de determinados sectores, principalmente políticos, en influenciar o controlar el Ministerio Público estableciendo ciertas alianzas tácitas con algunos de los magistrados que lo encabezan para dirigir las investigaciones a conveniencia y a cambio de respaldo político. En sentido estricto, se viene instrumentalizando la labor fiscal, situación que afecta no solo su institucionalidad, sino también su imagen ante la opinión pública.

Se trata, no de un problema episódico, sino más bien de una falencia estructural que está afectando seriamente al Ministerio Público. La investigación en contra de la presunta organización criminal liderada por Benavides es un esfuerzo necesario y bien intencionado por frenar la actual crisis, pero se requerirían adicionalmente acciones de fondo para cautelar y garantizar su independencia.

Por tratarse de una entidad clave en la administración de justicia y en el funcionamiento de nuestra democracia, esta situación tiene que ser abordada sin dilaciones a fin de asegurar la institucionalidad del Ministerio Público y su correcta conducción.