Por: Carlos Meneses

Entretanto, diciembre 2023 está resultando en materia política tan grave y desconcertante como lo fue un año atrás, cuando el presidente Castillo intentó un golpe de Estado, comenzó a gobernar Dina Boluarte y empezaron los destapes que ahora preocupan a la comunidad en general.

En el problema que confrontan varios organismos públicos por lo ocurrido recientemente en el Ministerio Público, se confirma que la mayor preocupación institucional y de la ciudadanía está referida al Ministerio Público y su marcha presente y futura.

De acuerdo con las versiones circulantes, el fiscal supremo Pablo Sánchez ha asumido el liderazgo de la Fiscalía por ser el más antiguo, pero ya tiene anunciado que el lunes entregará sus funciones a Juan Pablo Villena Campano, segundo en orden.

Sánchez declina el honor alegando razones personales, pero mientras él está en el cargo ordenó que no haya movimiento del personal ni retiro de documentos de las oficinas que no sean expresamente autorizadas.

Es natural que esto ocurra en un organismo donde hay acusaciones a granel, la fiscal suspendida Patricia Benavides está acusada de haber liderado una organización criminal y ese es el motivo de que ahora no pueda continuar con su función anterior.

Lo cierto es que el Ministerio Público tiene entre sus manos asuntos trascendentes que tienen relación con hechos que debieran comenzar a ser objeto de acusación por el Ministerio Público ante el Poder Judicial. Ese es el problema de fondo con el que se identifica la mayoría de peruanos que quieren que se esclarezca la corrupción y sobre todo un largo proceso de investigación y corroboración que comprenderá incluso a expresidentes de la República.

Es evidente que el gobierno está jugando un papel de bombero en la situación que confrontamos, pero falta decisión para devolver a la normalidad a todo lo que está alborotado y que provoca que en la calle se diga que lo mejor que puede ocurrir es que la limpieza sea integral, esclareciéndose además la posible participación de numerosos congresistas que están comprometidos en el problema.