Por: Carlos Meneses

Los colegios profesionales que tienen que ver con el tratamiento y discusión de asuntos colectivos bien merecen dedicar sus mejores esfuerzos a tal tarea y no a tener estructuras que más parecen políticas que institucionales.    

Los colegios de abogados y especialmente los que agrupan a los egresados de Derecho en Lima y Arequipa confrontan problemas internos que no les permiten intervenir con independencia en asuntos nacionales.

Recientemente dos temas han sido de deferente atención, uno en Lima relacionado con la fiscal Patricia Benavides, que resultó siendo una demostración de respaldo a la funcionaria en dificultades en el Ministerio Público y en Arequipa la elección de una nueva junta directiva que ha acordado investigar y evaluar el quehacer de la directiva cesante.

Esos problemas derivan de gestiones anteriores, pero obligan a plantearse la conveniencia de superar dificultades para abocarse a tareas que sean diferentes y que estimulen el desarrollo profesional y la vinculación que deben tener quienes estén al tanto de las leyes y de conseguir mejoras sustanciales en la administración de justicia.

Debe recordarse que cuando se fundó el Colegio de Abogados de Arequipa, el primer decano institucional renunció al cargo cuando se pretendió que la entidad viviera de subsidios estatales y como el fundador del colegio creía más conveniente que la institución se sostuviera con el aporte de sus asociados dimitió, denunciado un mal propósito en tal afán.

Desde entonces, los colegios de abogados han tenido una vida con dificultades y con poco entendimiento interno que obliga a reclamar, en momentos difíciles para la República, el dedicarse a confraternizar y hacer análisis de los problemas de la judicatura.