Farid Kahhat es un sociólogo y docente de Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática del Perú. Fue profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, así como comentarista en temas internacionales para CNN en Español, columnista del diario Reforma (México) y conductor de TV Perú Mundo y Geomundo en el canal del Estado TV Perú. Actualmente, es columnista del diario El Comercio y de la web de la revista América Economía. Sus libros más recientes son El eterno retorno (Crítica, 2019), Pandemia, dragones y muertos vivientes (2021) y Tiempos Violentos (2022). 

Durante su visita a nuestra región, bajo el contexto de la Fiesta del Libro Arequipa, el peruano de origen palestino aprovechó para dialogar con El Pueblo y disertar un poco sobre el turbulento panorama político que atravesamos como país. 

¿Qué tan cierto es que anteriormente la otrora boyante economía del Perú era envidiada por los países del extranjero?

Bueno, lo interesante sobre eso es cómo ha ido cambiando la imagen. No digo que la imagen anterior fuera correcta y la actual esté equivocada o viceversa. Solo constato que ya no es la misma. Hasta hace poco, Perú era presentado como un modelo a seguir. Donde, pese a los problemas políticos –que no eran particularmente graves desde 2001 hasta 2017– la economía parecía seguir su curso sin mayores contratiempos. Me consta que en algunos países veían con envidia el manejo del Banco Central de Reserva del Perú. Argentina, por ejemplo, pero también Colombia. La administración del Banco Central había conseguido que la moneda peruana no cambie drásticamente su cotización respecto al dólar durante todo el siglo XXI y que no atraviese grandes niveles de inflación. Ni siquiera durante la crisis de la pandemia, ni bajo los efectos sobre la inflación internacional que tiene la guerra en Ucrania. No llegamos a inflación de 2 dígitos, cosa poco usual en la región. 

¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿En qué momento cambió? 

Bueno a partir de 2017 eso empieza a cambiar significativamente. Primero, por el deterioro en la situación política del país. Hay quienes quieren culpar únicamente a Castillo y él es un gran responsable de lo que pasa en Perú ahora. Pero él fue, a su vez, un beneficiario de la crisis. Es difícil pensar que podría haber ganado las elecciones presidenciales bajo circunstancias que no fueran la mayor recesión desde la Gran Depresión. La mayor pandemia en un siglo y la mayor inflación en más de 40 años. No haber tenido más que una vacancia desde el inicio de la vigencia de la Constitución del 93, a tener 6 intentos de vacancia en 7 años refleja un cambio dramático. Eso, eso no empieza con Castillo, aunque llega al paroxismo con él. 

Primero, porque sus opositores empiezan por no reconocerlo como ganador legítimo e intentan vacarlo en su segundo mes de gestión. Es posible discutir si después hubieron razones válidas para la vacancia, pero ese primer intento claramente no calificaba. Pero luego Castillo responde a eso con un intento de golpe que –según pienso yo– por suerte fracasó. Pero al ver lo que vino después –aunque yo jamás voy a sentir nostalgia por el intento de golpe de Castillo– queda claro que lo que vino también es un intento de copar autoritariamente los poderes del Estado.

¿Y cómo se percibe al Perú tras las recientes investigaciones que involucran a la Fiscal de la Nación y la liberación del expresidente Alberto Fujimori? 

Ahora está a la luz pública como en mancuerna, sectores del Congreso y la Fiscal de la Nación actuaban para sacar de en medio la Junta Nacional de Justicia, poner un Defensor del Pueblo que encabezaría la comisión que nombraría a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, como la Fiscal de la Nación se sacó del camino –gracias al Congreso– a una fiscal suprema que la incomodaba como Zoraida Ávalos. Entonces, digamos, queda claro que este tampoco es un gobierno que respete la institucionalidad democrática y se decía, bueno, «pero al menos es un gobierno que va a restablecer la ortodoxia económica, pues el plan radical de Perú Libre –partido que se autodefine como marxista leninista– sale de la ecuación, la inversión va a regresar al país». Bueno, no solo no regresó, sino que es menor que antes. 

¿Qué tipo de información llega al extranjero sobre el Perú? ¿Cuál es la imagen internacional? 

Desde el exterior se conoce solo la cobertura de medios internacionales, como el diario El País, el New York Times o de la Agencia France 24. Ellos ponen énfasis, por ejemplo, que en Perú los diciembres le sientan muy mal y siempre atraviesan alguna crisis política. En este año, se junta el primer aniversario del golpe de Castillo, el aniversario del inicio de las matanzas del Gobierno de Dina Boluarte y, recientemente, el indulto a Alberto Fujimori al margen de un fallo de la Corte Interamericana de Justicia y la crisis en la Fiscalía de la Nación. Todo confluye en un mismo mes.

Por su parte, France 24  pone en énfasis que la crisis política actual empieza en 2017, con el primer intento de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski es que empieza la crisis política en el Perú. En tanto, el New York Times, por ejemplo, da por hecho algo que aquí aún se discute y que el gobierno niega: que la liberación de Fujimori no fue un acto humanitario, sino fruto de una transacción política deliberada. Especialmente cuando hay una decisión expresa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiendo que no se haga tal cosa. Cuando uno ve titulares de medios extranjeros sobre la materia da por hecho lo que el gobierno peruano niega.  

Al respecto, ¿de qué manera repercute que en el Perú se haya desoído una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Bueno, lo que puede ocurrir es que la Corte –ante un desacato evidente– ponga el tema en conocimiento de la Asamblea General de la ONU y, aunque no estoy seguro que vaya a ocurrir porque se requiere una mayoría de 2/3 de países miembros, la OEA podría invocar la Carta Democrática Interamericana. No solo por ignorar un fallo de la CIDH, sino por otros problemas en curso como violaciones a derechos humanos que no se investigan debidamente. Prueba de eso es que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, haya pospuesto por 8 meses el plazo para tomar una decisión sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas en diciembre del año pasado y enero de este año. Pero solo formula una acusación contra la Presidenta –habiendo decidido no ampliar la investigación por 8 meses– solo cuando ella es acusada por sus propios delitos. Entonces, digamos si el tema de Fujimori, llega a la Asamblea General de la OEA, se vería dentro del intento de destituir a la Junta Nacional de Justicia y la destitución de la fiscal sobre Zoraida Ávalos y, en general, el intento de copar las instituciones podría invocarse la Carta Democrática Interamericana.

Aunque sea algo pequeño, ¿qué podría implicar?

En honor a la verdad– ahí las sanciones tampoco son particularmente severas. Podría implicar el retiro de los derechos de participación del Gobierno peruano, en tanto esté en falta. Pero no es que vayan a haber sanciones económicas. Esto podría ocurrir, pero no de la OEA, sino –como hemos visto en el caso de Uruguay, que fue contra el equivalente a la Fiscal de la Nación– sanciones de gobiernos, como el norteamericano, contra individuos y no contra el gobierno peruano. 

Acerca de la imagen internacional que tiene el Perú acerca de que es poco estable, ¿qué perjuicio puede generar a nivel internacional, de qué manera podría perjudicar la imagen de una nación? 

Yo diría algo que mencioné ya. Con Castillo había el temor de que aplicara el plan de gobierno de Perú Libre –llamado ideario y programa– si hubo amenazas de renegociar contratos. Uno entendía que el temor respecto a Castillo era, en parte la inestabilidad política por el conflicto constante entre Ejecutivo y Legislativo, pero sobre todo por el temor al tipo de políticas que pudiera implementar. 

Entonces, algunos decían «como Boluarte está implementando políticas más cercanas a lo que esperan los inversionistas, con ella no va a haber ese problema», pero curiosamente las inversiones han caído más respecto al nivel en el que ya estaban, que no precisamente es alto. Ahí queda claro que desde fuera se ve al Perú como un país que genera incertidumbre. Por un lado, por los intentos de injerencia del Congreso en el Poder Judicial o entidades de Justicia, como la Junta Nacional de Justicia. Pero también por el hecho de que este es un gobierno con una aprobación por debajo del 10%. 

¿Qué cambio tendría que efectuarse a nivel país para mejorar la imagen internacional que tiene el Perú en el extranjero? ¿Qué tendría que suceder?

Yo creo que un cambio para bien sería un adelanto electoral. Es difícil creer que con este Congreso y con este Ejecutivo las cosas pueden cambiar. Tenemos un Congreso que se ha convertido, precisamente por la fragmentación y la falta de disciplina partidaria en un gestor de intereses privados. Y tenemos un Ejecutivo en donde el primer ministro y la presidenta tienen como consigna perdurar en el cargo para evitar que se les acuse o condene judicialmente cuando dejen su cargo.

La probabilidad de que algo cambie para mejor no parece muy grande. Yo diría que el cambio de gobierno a través de elecciones anticipadas. Es una condición necesaria para cambios positivos, no es una garantía de que las cosas vayan a mejorar, porque dependería de a quiénes elijamos, pero sí es posible que candidatos que no están involucrados en las corruptelas del presente puedan ganar una elección presidencial.