Por César Gutiérrez – El Montonero

El voluntarismo del ministro de la recesión, Alex Contreras, lo lleva a afirmar que la economía peruana crecerá 3% el 2024; secundado por algunos pronósticos –como el del Banco Central de Reserva (BCR), que estima 2.3%; o la de la calificadora Moody’s, que apuesta por un 2.7%; mientras que el Instituto Peruano de Economía (IPE) la proyecta en 1.9%– ha animado al premier Alberto Otárola a lanzar la frase del político: “El 2023 ha sido el año de la estabilización política y el 2024 será de la recuperación económica”. 

La premisa es que crecer por debajo de la inflación significa que más compatriotas pasan a engrosar las filas de la pobreza, si se prevé que la inflación en este 2024 estará en el rango de 2% a 3%. Con los crecimientos anunciados, en el mejor de los casos seguiremos con 9.4 millones de personas en pobreza monetaria, de las cuales un millón pasaron a serlo en 2023 por la recesión, que por lo menos será de 0.5% del PBI. 

Con las cifras señaladas de crecimiento y pobreza el premier no tiene por qué alegrarse. Hay que recordarle que los niveles de pobreza prepandemia eran 8.3% menores a los que se registraron el 2023. Ir disminuyendo aceleradamente la brecha sería un buen objetivo, pero lamentablemente todo indica que con este equipo ministerial no se conseguirá revertir la situación. 

Para tratar con rigurosidad las posibilidades del crecimiento del PBI es indispensable identificar los sectores en los que se espera un repunte y las razones por las que ocurriría. Para esta tarea ayuda la conformación estructural del PBI por sectores económicos: las actividades extractivas representan el 17%, las de transformación ascienden al 20%, los servicios hacen el 54% y el 9% restante está en impuestos y derechos de importación. 

Ingresando al detalle de cada uno de los sectores una primera evaluación consiste en identificar los rubros que tienen mayor ponderación en cada uno de ellos y que serán determinantes en el PBI.

En las actividades extractivas, la minería es la más importante, representa el 12% del PBI y el pronóstico de precios de los principales minerales no es muy auspicioso para este año, según el propio Marco Macroeconómico Multianual 2024-2026 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), prevén una caída que tendría ser compensada por un mayor volumen de exportación por una mayor demanda de nuestros principales socios comerciales: Estados Unidos y China, lo que no está dentro de las proyecciones. 

En lo que al sector transformación se refiere, hay dos grandes rubros: manufactura y construcción. Ambos muy afectados en el 2023 y muy relacionados a la demanda interna y a la capacidad de gasto y endeudamiento de las personas, que dependen del empleo que no se recuperará inmediatamente. Por el lado de la construcción también cuenta mucho las obras de infraestructura, donde no hay nada relevante, y donde se repite como un mantra el puerto de Chancay, donde lo que se tiene este año es el cierre de las obras de construcción. Las grandes inversiones mineras han sido anunciadas para el período 2025-2026. 

En el sector servicios, el rubro de comercio es el más relevante, representa el 11% del PBI, y nuevamente estamos ante la capacidad de gasto del ciudadano, relacionada al empleo adecuado y a los emprendedores. Si los motores de la economía que generan ingresos como la minería y la construcción de infraestructura no dan señales de estar muy activos, el comercio lo va padecer. 

Este análisis preliminar, con cargo a desarrollarlo con más amplitud, no permite ratificar los buenos augurios para este año, así ocurrió también al inicio del 2023, se empezó pronosticando 3% para ir reduciendo la cifra progresivamente y llegar a la realidad de una caída del orden de 0.5 del PBI. 

Las razones de no despegar está en la falta de confianza de los inversores en: la estabilidad del gobierno que vive en un equilibrio precario, de lo que vendrá en un próximo gobierno en el 2026 por la falta de partidos sólidos, por la ausencia de control de los opositores a las industrias extractivas, por no tener herramientas contra el crimen organizado y por la mala gestión de las asociaciones público privadas que ha convertido al Perú en el país más demandado ante el CIADI en Washington. 

Mientras esto continúe así no hay por qué ser optimista.