Por: Carlos Meneses

Igual ocurrió en Arequipa, en 1950, cuando Arturo Villegas cayó herido mortalmente en nuestra Plaza de Armas y nunca se supo quién dio la orden de fuego ni quiénes la ejecutaron. Esa herida todavía está abierta y ojalá algún día se perdone con el olvido a quienes fueron responsables del deceso en el que terminó una acción cívica y colectiva.  

Hace exactamente un año en Puno, Ayacucho, Cusco murieron cerca de medio centenar de peruanos y desde entonces la explicación de por qué se produjeron esos lamentables hechos no ha sido dada por los fiscales a quienes se les encargó realizar investigaciones y dar con la verdad.

La Región Puno, donde se produjo el mayor número de víctimas, guarda duelo por una decisión de sus autoridades y el pueblo exige saber quién o quiénes ordenaron que se disparara perdigones y balas que cortaron la vida de gente joven y por la crisis que surgió luego en el Ministerio Público, no hay indicios claros que conduzcan a determinar a los responsables.

Ese luto y la pena que sufren los deudos no acabará hasta cuando se individualice a quienes cumpliendo órdenes o en acciones personales dispararon sobre muchos que no participaron de actos de violencia. Es decir que eran inocentes.

Nos sumamos a los clamores de los que piden respuesta porque todo asesinato debe tener castigo y porque la impunidad ya tiene un año y no se advierte avance; excepto en un caso ocurrido en el Cusco en el que un hombre de 22 años fue herido con 38 perdigones y agonizó en un hospital limeño durante dos meses para después morir.

El general PNP, Víctor Zanabria que dirige una investigación sobre el caso ha precisado que el autor presunto está identificado y con prisión preventiva, agregando que el responsable tendrá el castigo que merece.