Por: Carlos Meneses

Cuando la ola delincuencial afectó a la provincia de Sullana y a los distritos limeños de San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP), en Lima, el gobierno decretó estados de emergencia que incluían el apoyo de la fuerza armada a la PNP y los amplió por 70 días.

Por lo que se sabe, los resultados para el gobierno fueron favorables, pero la ciudadanía está inconforme, pues hasta ahora sigue habiendo problemas en tales circunscripciones; en cuanto a Sullana no se conoce con precisión los efectos positivos obtenidos. Lo cual no es extraño porque en nuestro país reina el centralismo y una de sus consecuencias es ocuparse de Lima y no de todo el país.

Ahora se habla de una declaración de emergencia para Trujillo, lugar en el que se han sumado las ausencias del gobernador regional, que va y viene entre Lima y Madrid, y la desastrosa gestión del alcalde provincial que fue propuesto por Somos Perú y cuyo principal y aparentemente significativo aporte fue lograr monumentos eróticos que le sirvieron como base de campaña.

La verdad es que los estados de emergencia sólo comprueban su éxito con la aceptación colectiva poco importa lo que diga el gobierno y lo que interesa es lo que aprecia la ciudadanía.

En SJL y en SMP persisten las molestias, los hurtos y la ola delincuencial ha golpeado a los distritos vecinos; lo que prueba que en esta situación los estados de emergencia no han sido eficaces como remedio y como forma de detener la delincuencia.      

SUMILLA

Los estados de emergencia cuando se concentran en Lima solo son útiles para confirmar la ausencia de descentralismo y extender los maleficios de su existencia en contra del país como un todo.