Por Antero Flores-Araoz

Congreso quiere hacer los nombramientos y ceses de jueces y fiscales supremos.

Dentro del marco de esta guerrita entre altos funcionarios del Estado y las propias instituciones a las que representan, de lo que toda la población es testigo, se ha abierto un nuevo conflicto, esta vez entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, por supuesto ello para solaz y regocijo de comunicadores, comentaristas y diversos medios noticiosos que se refocilan con los escándalos y los malos anuncios.

Este nuevo round al que nos referimos, se encuentra dentro de un escenario mayor, que son los cuestionamientos a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por parte del Parlamento, los que formula la JNJ contra miembros del Ministerio Público, por supuesto sin olvidar los del Poder Legislativo contra el Poder Judicial ante intentos de frenar elección del Defensor del Pueblo y también los cuestionamientos desde el Poder Judicial al Congreso de la República.

El inicio del round al que nos referimos, es la pretensión de un sector parlamentario de modificar la normatividad legal a fin de que nombramientos y ceses de jueces y fiscales supremos sea tarea del Congreso. Ante ello el Presidente del Poder Judicial reclama su derecho a opinar, que nadie se lo ha negado y en el Congreso, por ahora algunos proponentes de la iniciativa legislativa, pusieron como se dice “pie en polvorosa”.

Lo que tienen que comprender nuestras altísimas autoridades, es que este clima de tensión en que vivimos por sus enfrentamientos tiene que acabar y, que no hay que enfadarse ni hacer bilis porque cada Institución del Estado haga el rol para el cual se creó dentro del sistema de división de Poderes. Por ejemplo, el Poder Legislativo tiene que dar las leyes, y el Poder Judicial, al juzgar, tiene que aplicarlas correctamente, les guste o no su contenido. A su vez el Poder Ejecutivo tiene a su cargo la gobernanza y la gestión de la administración pública.

No olvidemos que al igual que los parlamentarios tienen el derecho a la iniciativa legislativa, esto es presentar proyectos de ley para su dictamen y debate, no es menos cierto que ese mismo derecho lo tiene el Poder Judicial, aunque restringido a la temática de su competencia. 

Los ciudadanos, que estamos en el centro de la acción de los Poderes del Estado y de las instituciones autónomas públicas, no estamos contentos por lo general con el actuar de los congresistas, ministros, jueces, fiscales, procuradores, gobernadores y alcaldes. Dichas autoridades siguen dando la espalda a los ciudadanos, como si fuesen deidades en el Olimpo.

Lamentablemente, pese a las críticas que se hacen al aparato de la justicia, principalmente constituido por el Poder Judicial y el Ministerio Público, poco han hecho para enmendar rumbos, salvo las unidades de flagrancia, y pese a tener la opción de presentar sus proyectos de ley, no lo hacen o si lo hacen en muy pocas ocasiones.

Desde la sociedad los ciudadanos reclaman que se cumplan los plazos procesales en los juicios, tanto penales, civiles como de otras naturalezas y que las resoluciones tengan argumentos sólidos y no páginas de páginas que solo son notorio soporífero.

Algo se tiene que hacer para resolver la problemática, agravada por el hecho de que las universidades no están formando magistrados, sino solo abogados litigantes y que si bien las retribuciones ya dejaron de ser diminutas, deberían generar mayor interés en el aparato jurisdiccional, en que hay una Corte con el nombre de “Suprema” pero que en la práctica dejó de serla con el control constitucional y el control convencional.

La tarea es ardua, pero hay que enfrentarla integralmente y no por puchos, pero teniendo muy en cuenta que no hay que politizar la justicia, como tampoco judicializar la política.