Ante los indicios de irregularidades en torno al proceso de adquisición de la maquinaria amarilla por parte del gobierno regional, desde el Consejo Regional de Arequipa (CRA) se plantea la conformación de una comisión especial abocada a transparentar dicho proceso de compra. A pesar de que todo se efectuó en contexto de emergencia, ninguna adquisición estatal está exenta de cumplir la normativa ni ser sometido a fiscalización, por lo que se plantea además citar al gobernador Rohel Sánchez para que explique la situación. La inversión total fue de S/60 millones 647 mil 250.

MÁQUINAS ENTREGÓ EL GRA A MUNICIPALIDADES

Como se sabe, tras la publicación de la Ley N° 32936, se autorizó al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) a usar –de forma excepcional– los recursos monetarios del Fondo de Compensación Regional (FONCOR) para la adquisición de maquinaria de línea amarilla ante los peligros del Fenómeno de El Niño. La entrega de ese equipamiento tuvo lugar el 27 de diciembre del 2023, pero la firma del contrato con el privado ocurrió recién el 29 de diciembre. Dos días después de la presentación de oficial de los equipos. Situación suspicaz que dejaba espacio a sospechas. 

Por si fuera poco se conoció que IPESA S.A.C. –la empresa encargada de adquirir los cargadores frontales y retroexcavadoras– no acredita vigencia en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) cuando, de acuerdo a la Ley N°30225, toda forma de contratación con el Estado, bajo cualquier modalidad, tiene como requisito acreditar dicho documento; ya sea para ser participante, postor, contratista o sub contratista. 

«Nosotros estamos esperando que se completen todos los trámites y se firmen todos los contratos de adquisición, porque pese a ser de emergencia y estar exonerada de etapas y procesos, no significa que la adquisición no sea fiscalizable. (…) Es cuestionable que el gobernador acuda a cada provincia y, como si buscará aplausos, entregue la maquinaria como si fuese un regalo, cuando es su obligación. Es algo penoso y hasta vergonzoso», sostuvo el consejero regional César Huamantuma Alarcón. 

Ante esta situación, el consejero aseguró que para transparentar la adquisición de los equipos de línea amarilla planteará se conforme una comisión investigadora ante el Consejo Regional de Arequipa. Sin embargo, informó que ya esta fiscalizando por su cuenta hasta que se conformen las comisiones. Pues aunque gracias a la declaratoria de emergencia se hayan otorgado plazos extra para regularizar la documentación de compra, se debe constatar que documentación como el RNP tenga una fecha anterior a la fecha de firma del contrato. 

Si la adquisición de maquinaria se efectuó sin considerar la ley de contrataciones, la consecuencia sería la anulación de la adquisición de los equipos de línea amarilla, informó el consejero regional de Arequipa, Miguel Ángel Linares Riveros. Especialmente porque de acuerdo al Texto Único Ordenado (TUO), detallado en la ley de contrataciones con el Estado, toda firma de contrato de un ente estatal con un privado debe acreditar la reglamentación requerida. 

«Solicitamos que el gobernador Rohel Sánchez sea citado al CRA para que nos explique esta situación. Además, pedimos que se nos remita los expedientes que detallan la información de la adquisición. (…) Dados los antecedentes previos, sería el colmo que la maquinaria amarilla se haya adquirido a un precio por encima del valor de mercado. Una orden de servicio no equivale a comprar la más cara y punto, sino a previamente evaluar las cotizaciones y elegir a la que más convenga, que según la norma debería ser la más barata», refirió Linares Riveros.

Durante la última semana el gobernador regional Rohel Sánchez ha viajado a las provincias Islay, Camaná, Castilla y Caylloma para entregar la maquinaria, pese a que de acuerdo al decreto supremo N° 104-2023 – PCM, solo las provincias Caravelí, Castilla, Caylloma, La Unión y Condesuyos están incluidos en la emergencia. De modo que Camaná, Islay y Arequipa provincia no serían aptas para recibir el equipamiento de línea amarilla, por lo que podrían ser sancionados por peculado de uso.