Gobiernos sin mayoría
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Por: Christian Capuñay Reátegui
No está siendo nada fácil para Javier Milei poner en marcha su programa de gobierno en Argentina, el cual tiene como componentes medidas de corte neoliberal que buscan remediar la crisis económica e inflacionaria en ese país.
Una de las principales barreras que debe sortear es la falta de apoyo político para ese conjunto de acciones. Organizaciones civiles, como sindicatos, no están dispuestos a permitirle el avance y ya han bloqueado algunas de sus iniciativas. No obstante, un escollo de mayor dimensión es la falta de respaldo en el Parlamento, en el que Milei carece de una mayoría significativa.
Tal escenario puede derivar en un conflicto político, crisis permanente e incluso en una situación de ingobernabilidad, especialmente en contextos de debilitamiento institucional.
Ello nos plantea la disyuntiva de cómo gobernar cuando se carece de esa mayoría. En el Perú se han presentado dos formas para abordar dicho escenario. La primera, la del hoy indultado Alberto Fujimori al inicio de su primer gobierno, es la de disolver el Congreso con el apoyo de los militares, para luego convocar nuevos comicios y buscar la elección de un Parlamento renovado a su medida.
La segunda es la de tentar alianzas con las diferentes bancadas. Es decir, el gobierno sin mayoría busca acuerdos con estos grupos a fin de formar un bloque más extendido, no solo para enrumbar el programa, sino también, de paso, ponerse a buen recaudo de las acciones de debilitamiento de la oposición, como la censura de los ministros o, en un caso extremo, la temida vacancia.
El problema de este mecanismo es que las alianzas forjadas tienen la solidez de un castillo de naipes. Esto es especialmente visible en el Perú, donde los grupos parlamentarios no se caracterizan por su consistencia y cada vez es más común observar como varios de ellos se desintegran. No tiene sentido, entonces, establecer un acuerdo con órganos que sabemos muy probable no existirán más a la vuelta de la esquina. Ejemplos sobran en las últimas décadas.
Otro inconveniente es que el Ejecutivo, en el peor de los casos, podría quedar expuesto a algunos intereses en el Congreso, los cuales condicionarían su apoyo a la atención de sus requerimientos y exigencias.
¿Cuál es entonces la mejor salida para un gobernante puesto en una situación similar a la de Milei, casi maniatado e imposibilitado de poner en marcha su programa de gobierno? Es preciso reflexionar sobre este problema en el Perú, ahora con mayor razón, dado que es altamente probable que el próximo gobierno [y también los subsecuentes] deberá lidiar con un Parlamento adverso debido a la atomización política cada vez más acentuada en nuestro país. El objetivo de esa discusión debería ser evitar una solución al estilo Fujimori que afecte nuestra democracia o una parálisis institucional como la que se vivió durante el gobierno de Pedro Castillo, justamente debido al choque Ejecutivo-Legislativo.