Vulnerabilidad en el norte: alcaldes extorsionados, regidor asesinado y sin patrulleros
La zona fronteriza de Perú y Ecuador presenta varias deficiencias en cuanto logística policial y falta de recursos para los municipios. Producto de ello, las propias autoridades de Tumbes son víctimas de la criminalidad.
HELICÓPTEROS Y DRONES CUIDAN LA FRONTERA
La situación de terror que vive Ecuador a causa de la criminalidad de las bandas de narcotráfico que operan desde las cárceles desvela la deficiencias de las zonas fronterizas de Perú, lugares a donde los criminales ecuatorianos más avezados podrían huir para refugiarse.
El último martes, dos terroristas ecuatorianos fueron capturados a pocos metros del ingreso de Perú. Los criminales tenían en su plan huir al territorio peruano por el canal Internacional de Aguas Verdes, distrito perteneciente a Zarumilla, en Perú, luego de atentar contra una comisaria de Huaquillas.
Tanto para los extranjeros que delinquen como las mismas autoridades peruanas tienen conocimiento de que las fronteras peruanas son fáciles de vulnerar debido a la poca presencia policial, puntos ciegos de ingreso y el deficiente control migratorio. A todo ello se suma la delincuencia que se vive en la zona norte del Perú y que intenta aplacar cualquier intento de las autoridades para hacer frente al problema.
Policías ecuatorianas y peruanas bordean algunos puntos de pasos clandestinos entre ambos países – Foto tomada en el 2020 por PNP.
Las autoridades de Tumbes señalaron que han sido víctimas de extorsión, atentados con artefactos explosivos, mensajes intimidatorios y hasta asesinatos de parte de las bandas delincuenciales que operan en el lugar.
“He recibido una bomba molotov afuera de mi casa”, señaló César Chapoñan, alcalde del distrito de Aguas Verdes, quien también mostró los mensajes extorsivos que ha recibido y que ha entregado a las autoridades para la denuncia correspondiente.
“Mi alcalde, si usted se quiere librar de nosotros, tiene que cambiar de número, y ya sabemos lo que pasa. Se le hace difícil colaborarnos”, se lee en uno de los chats que evidenció Chapoñan a los medios de comunicación.
La situación es similar con el alcalde provincial de Zarumilla, Christhian Aguayo, quien denuncio haber sido víctima de extorsión con amenaza de muerte, si no entregaba 50 mil soles. Además, amenazaron atentar con su madre.
Cabe recordar también que a inicios del 2023, el regidor de la Comuna de Zarumilla, Leonardo Aníbal Agurto Zapata, fue acribillado a quema ropa en la puerta de su vivienda en Aguas Verdes. El funcionario público era víctima de extorsionadores.
A toda esta situación se suma los nulos recursos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en las mencionadas zonas fronterizas. De acuerdo al burgomaestre de Aguas Verdes, su gestión tuvo que costear la reparación de la única patrulla policial operativa Aguas Verdes. En el caso de Zarumilla, la provincia no cuenta con ni un solo vehículo policial.
Tanto la gestión de Chapoñan como la de Aguayo prestan los vehículos municipales a las comisarías para el apoyo de patrullaje. “Las municipalidad apoyamos cuando la Policía es la que debe tener la logística”, sostuvo el alcalde de Aguas Verdes quien agregó que su municipio solo cuenta con 10 serenos por turno para toda su jurisdicción.
Ante esta situación, las autoridades de Tumbes pidieron al ministro del Interior, Víctor Torres, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, que el estado de emergencia decretado en la zona fronteriza sea con un aumento de presupuesto y logística policial a fin de reforzar la seguridad en el lugar.
DRONES Y HELICÓPTEROS
La situación de emergencia en Ecuador, que generó la declaratoria de ‘conflicto armado interno’ a raíz de las actividades de al menos 22 grupos señalados como terroristas, generó una respuesta por parte del Gobierno peruano, que ya se encuentran desarrollando planes para evitar que criminales entren al territorio nacional.
En particular, el ministro de Defensa, Jorge Chávez; y el de Interior, Víctor Torres, se reunieron en Tumbes, cerca a la frontera con Ecuador, para coordinar acciones militares y policiales en ese territorio y reforzar la seguridad de la zona. De esta forma se espera que ningún delincuente proveniente de ese país acceda de forma irregular.
Según informó el ministro del Interior, además del aumento del resguardo policial en la frontera y que consiste en la distribución de hasta 400 oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la frontera, se ha dispuesto el uso de helicópteros y drones que apoyarán con vigilancia aérea sobre el área.
Según el titular de la cartera de Interior, “las bandas criminales que han efectuado acciones delictivas en Ecuador quedan ahí (…) no va a pasar nadie porque el control va a ser minucioso, estricto y fuerte”, indicó.
Aunque el ministro del Interior afirmó que ningún integrante de las bandas delincuenciales que vienen sembrando terror en Ecuador han logrado ingresar al Perú en los últimos días, el alcalde de Tumbes, Hildebrando Antón, pidió al gobierno central tener cuidado con el tema, pues no se debería descartar la hipótesis de la presencia de estos delincuentes en el país.
La relación entre Ecuador, Perú, México y Colombia en el contexto del narcotráfico se caracteriza por la interconexión de sus roles dentro de la cadena del tráfico ilícito de drogas. Aunque cada país enfrenta desafíos distintos y tiene responsabilidades diferentes, todos forman parte de la ruta que las drogas ilegales siguen desde su producción hasta su distribución.
TENER EN CUENTA
Colombia y Perú son dos de los principales productores de hoja de coca, la materia prima para la producción de cocaína. Como tal, ambos tienen una relación como fuentes de suministro de narcóticos, compartiendo desafíos en cuanto al control de la producción y la erradicación de cultivos ilícitos.
Ecuador se ha convertido en una zona de tránsito crucial para las drogas producidas en Colombia y Perú debido a su ubicación estratégica y sus puertos marítimos. Las organizaciones criminales utilizan su territorio para el almacenaje y transporte de narcóticos hacia destinos finales.
México, por su parte, actúa principalmente como un país de tránsito para la cocaína que se dirige hacia el mercado estadounidense, pero también es productor de opio y marihuana. Además, las organizaciones criminales mexicanas tienen enlaces con sus contrapartes sudamericanas.