Por Jorge Turpo Rivas

Es una amenaza para el orden interno, destaca la experta en administración fiscal y directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Ángela Grossheim Barrientos.

DE 87 MIL MINEROS SOLO 11 SE FORMALIZARON

La región Arequipa no escapa a los problemas generados por la minería ilegal, donde destacan la depredación y contaminación, la trata de personas, el lavado de activos, la prostitución y delincuencia. Provincias como Camaná y Caravelí soportan esta actividad que transita entre la informalidad y la ilegalidad.

Ángela Grossheim Barrientos, experta en administración fiscal y directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), sostiene que la minería ilegal se ha convertido en la primera economía criminal en el Perú por encima del narcotráfico.

“Su expansión constituye una amenaza para el orden interno y la seguridad nacional. La minería ilegal es fuente principal de lavado de activos y está asociada con actos de corrupción y otros delitos, como el sicariato, trata de personas, trabajo infantil, extorsión, usurpación de terrenos y atentados violentos”, destacó.

Agregó que muchos creen que la minería ilegal se desarrolla sólo en algunas zonas, sobre todo de la amazonia, pero actualmente se ha expandido por todas las regiones y con ello se expanden también los graves impactos ambientales, sociales y económicos que deja su paso.

La Amazonía peruana registra un 26% de la minería ilegal en áreas protegidas y el 14% en territorios indígenas. Una cifra que va en crecimiento porque las labores de control y erradicación de ese tipo de actividad ilícita no tiene resultados.

Y en relación al delito de lavado de activos, según la Unidad de Inteligencia Financiera, al menos 3 mil 900 personas vinculadas a la minería ilegal realizan operaciones bancarias sospechosas.

El 2022, un enfrentamiento entre mineros, aparentemente artesanales, dejó 14 fallecidos en el distrito de Atico en Caravelí. Se disputan denuncios mineros y la violencia se desata de tiempo en tiempo sin que las autoridades ejerzan un control real para combatir el problema.

El proceso de formalización de los mineros artesanales fracasó. El Ministerio de Energía y Minas creó hace veinte años el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pero no fue la solución al problema.

“Lamentablemente no ha funcionado porque de los más de 87 mil inscritos, sólo 11 mil se han formalizado”, dijo la especialista.

El Reinfo se creó por un plazo determinado estableciendo requisitos básicos para que los informales se formalicen, pero en la actualidad sólo sirve como herramienta para encubrir a mineros ilegales que, una vez inscritos y sin control de cumplimiento, pueden continuar con sus actividades delictivas sin ser procesados por el delito de minería ilegal.

ORO ILEGAL

De otro lado, Grossheim Barrientos, dijo que según datos recientes del Ministerio de Energía y Minas y otras instituciones nacionales, la diferencia entre el oro que exporta el Perú y la producción declarada por las empresas mineras formales es de 45 %, lo cual implica una pérdida significativa en recaudación de impuestos y regalías que podrían servir para atender las necesidades de la población más vulnerable del país.

“Necesitamos una política, una estrategia integral y efectiva de lucha contra la minería ilegal, impulsada con un trabajo conjunto entre sector público, privado y la sociedad civil”, enfatizó.

Asimismo, el exministro del Interior, Rubén Vargas, señala a que la minería ilegal genera daños ambientales y delitos conexos similares al narcotráfico.

“Por ejemplo, en Puno y en Madre de Dios, ambas actividades se entrecruzan, es decir, se financian. Clanes familiares de la droga lavan su dinero intermediando oro porque saben que el mercado nacional e internacional no hace preguntas sobre su origen. Por desidia o corrupción, el Estado pierde miles de millones de dólares con el contrabando del oro”, apunta.