Por: Carlos Meneses

Deseamos, además, que los resultados de esta emergencia sean respaldados por la ciudadanía como un todo para que no vuelva a pasar lo ocurrido en San Juan de Lurigancho (SJL), San Martín de Porres (SMP) y en otros distritos y regiones en donde no se registraron los efectos esperados.

El gobierno ha declarado en emergencia 5 regiones que limitan con el vecino país de Ecuador, con ello ha reconocido los problemas creados por bandas delincuenciales, y también por ser lugares de tránsito del narcotráfico merecen un trato deferente y una vigilancia singular de las fuerzas policiales e incluso militares.

También es una oportunidad para mantener los niveles de comercio entre los 2 países para evitar que Perú se convierta en otro Ecuador, donde prime el desorden y violencia.

Los ministerios del Interior y Defensa serán los encargados de vigilar el cumplimiento de las normas que convengan, que deben ser de conocimiento y respetadas por parte del vecino país para, de ese modo, garantizar que no se burlen las medidas que se dicten y permitan que los desórdenes acaecidos en el Ecuador se cambien por alternativas que mejor convengan a los intereses de ambas naciones.

Si a esto se suma la programada reunión de cancilleres que se anunció en oportunidad anterior, podemos estar seguros que estamos cerrando puertas a lo que hemos sufrido en muerte y violencia que, por cierto, esperamos disminuyan.

Los servicios de inteligencia deben ser radicalmente modificados para tornarlos eficientes y adecuados no solo para este fin sino, fundamentalmente, para corregir las fallas evidenciadas en el VRAEM, donde se requerirá asistencia y apoyo logístico de naciones consumidoras de estupefacientes que están en Europa, Estados Unidos (EE.UU.) e incluso naciones asiáticas.