El general del Ejército, David Ojeda Parra enfrenta acusaciones de intentar manipular un procedimiento de adquisición de camiones blindados, un proceso que la Contraloría ha descrito como “anómalo” a raíz de su participación.

POR US$ 64 MILLONES A EMPRESA DESCALIFICADA

Según el órgano de control, en la compra de vehículos blindados, en la cual estudios apuntan a que el principal beneficiario sería David Ojeda Parra, quien recientemente asumió como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La institución fiscalizadora destacó que los encargados de seleccionar al proveedor de estas unidades “no desempeñó sus funciones con transparencia”.

El informe de la Contraloría fue inicialmente reportado por el periodista Ángel Páez, quien advirtió una serie de irregularidades respecto al proceso que la Comisión de Estudio Técnico Operacional del Ejército (CETO) había desplegado para la adquisición de 30 unidades de vehículos blindados ARMA, para la que la empresa turca Otokar postuló en su momento.

No obstante, una serie de informes elaborados por el hombre de prensa detallaron que David Ojeda Parra había “enviado la documentación de la CETO pidiendo la compra del modelo turco de Otokar” a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA); la misma que dispuso inicialmente “rechazar la propuesta porque superaba el presupuesto asignado de $60 000″ además de presentar “anomalías en el proceso de selección”.

Según la ACFFAA, el expediente inicial en el que el jefe del Comando Conjunto solicitó la contratación, fue devuelto “pues encontró que varias empresas se habían quejado porque nunca recibieron respuestas a los cuestionamientos que hicieron al proceso”, e incluso en palabras de Páez “los competidores notaron que la CETO del Ejército estaba orientando la selección del modelo de blindado a favor de la oferta de la turca Otokar”.

Dicha precisión fue refrendada por el informe del Órgano de Control Institucional (OCI) del Ejército adscrito a la Contraloría el cual detalló que “la CETO no habría evaluado de forma clara la propuesta de la empresa que ocupó el primer lugar de prelación (Otokar); referente a los límites máximos permisibles de emisiones atmosféricas y garantía técnica y/o comercial, las mismas que difieren de los requerimientos técnicos mínimos solicitados (…), (por lo que) no debió ser admitida”.

Como si este hecho no fuera suficiente, este intento de contratación superó el presupuesto que el Ministerio de Defensa había dispuesto para el Ejército. En un inicio, se contempló que el monto máximo a gastar para la adquisición de estos vehículos era de US$60 000 000; sin embargo, la adquisición final de estos 30 blindados terminaría por suponer al Estado peruano un total de US$64 625 605.

En sus informes, detalló que el 17 de marzo del 2023 el mismo Ojeda nombró a los integrantes de la Comisión de Estudio Técnico Operacional del Ejército. Dejó en la presidencia de dicho organismo a Julio Ruiz Juárez, a fin de que este dispusiera la elección del modelo; quien finalmente se decantó por la empresa que Ojeda Parra solicitó atender.

Finalmente, la irregularidad quedó registrada por la Contraloría solo recomendó al Comandante General del Ejército que “adopte las acciones que corresponden en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho como indicio de irregularidad y, de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que corresponde”.

Según lo detallado por el informe de Contraloría, la injerencia de David Ojeda, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en condición de Comandante General del Ejército, fue detallada en hechos específicos que dieron inicio a las irregularidades.