Por: Carlos Meneses

Los reclamos sobre el caso del comando policial deben tramitarse de acuerdo a lo que dice la ley. Entre tanto hay que devolver a la Policía Nacional del Perú (PNP) el sitial que siempre tuvo al proteger a los ciudadanos contra la delincuencia y la violencia.

La crisis institucional que se originó en la Policía Nacional del Perú (PNP) está lejos de terminar, pues los sucesos de Ayacucho que debieron acabar con medidas que pusieran orden en casa se han convertido en un problema mucho más complejo que el original y provocado conflicto de poderes al interior del Congreso de la República y de la estabilidad de la propia PNP.

Seis bancadas del Legislativo han pedido que se revisen decisiones adoptadas y que provocaron el cese en funciones del teniente general Jorge Angulo, quien ha planteado revisar el documento que dio origen a su retiro y del cual se excluyó el acostumbrado agradecimiento por servicios prestados a la Nación de quien ha sido miembro de la PNP durante cerca de 30 años.

Lo cierto es que ahora el problema es devolver institucionalidad a la Policía Nacional del Perú y robustecer a este organismo del prestigio que requiere para seguir sirviendo a la sociedad.

Es lamentable, también, que en esta vorágine estén comprometidos por lo menos con su opinión altos mandos del Ejército que transmitieron sus inquietudes a la propia presidenta de la República.

Lo que hay que salvar es la reputación de la Policía y decidir por los canales que manda la ley el reclamo de quien fue hasta ayer el comandante general de la PNP.