Por: Carlos Meneses

Todas las muertes son lamentables, pero duele más en la medida que no se señale a los responsables de lo infelizmente ocurrido.

De acuerdo a la normatividad vigente son los fiscales los encargados de realizar las investigaciones y acusar ante los juzgados a quienes resulten responsables de muertes que no son por causa de enfermedad y certificada por médico tratante.

En el caso de los 60 decesos de peruanos que en el primer trimestre del 2023 fallecieron en incidentes callejeros, la Fiscalía debería tener una explicación de qué les ocasionó la muerte y algún indicio que permita suponer la autoría de lo que resultaría ser un crimen.

No debemos permitir que se vuelva a repetir lo ocurrido en Arequipa durante la revolución de 1950, cuando una ráfaga de arma de fuego acabó con la vida de Arturo Villegas. Ese hecho nunca fue investigado, no se halló al responsable, mucho menos se supo quién dio la orden de disparar contra ciudadanos que solo llevaban en sus manos una bandera blanca.    

Por eso urge realizar las indagaciones y atender el afán esclarecedor que tienen los deudos y la comunidad en general. Se trata de saber en suma si las ejecuciones fueron ordenadas como medidas antiterroristas de las fuerzas represivas militares o policiales, ubicar a los responsables y sancionarlos de acuerdo a la ley.

Ese es el reclamo que se hace y que no tiene respuesta y debiera tenerla, pues en varios de los luctuosos sucesos las denuncias están referidas a inocentes.

El actual jefe de la Policía Nacional del Perú ha precisado que se debe individualizar los hechos para que sus autores sean castigados, pero no hay cuadernos abiertos de investigación penal.

Mientras la tarea de los fiscales no se realice hasta llegar a conclusiones por parte de los jueces, persistirá la duda de órdenes equivocadas o de actitudes de responsabilidad.