POR CRISIS EN MACHU PICCHU

No es la primera vez que es cuestionada por su gestión al frente del sector. De aprobarse las mociones y no responder de manera satisfactoria para el Congreso, podría impulsarse su censura.

Luego de que la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) lo adelantara, se formalizó la presentación de dos mociones de interpelación a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para que responda por la polémica relacionada con la venta de entradas para Machu Picchu a través de la empresa Joinnus y otros temas.

El primer documento recuerda que, desde su designación, la titular del Mincul “viene siendo cuestionada por graves problemas vinculados a falta de transparencia a nivel de contrataciones efectuadas e ineficiencia en la gestión del sector” y que realizó una contratación de manera directa, lo cual constituye un caso de fraude de la ley.

“El 4 de enero de 2024, durante la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, la ministra de Cultura presentó la sustentación del uso de la plataforma de venta de boletos a Machu Picchu, así como los beneficios para el Estado y los costos sobre la venta; sin embargo, de lo expuesto por la ministra, así como de la documentación remitida, las dudas y observaciones formuladas no fueron despejadas, quedando en evidencia una aparente falta de transparencia en esta contratación, la cual no pasó por un proceso de selección en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y cuya justificación técnica no fue expuesta con la claridad debida”, se lee en el documento.

“Tan es así que, durante la referida sesión, los congresistas solicitaron los términos de referencia del contrato, sin que dicha documentación fuera presentada ni por la ministra ni por la directora general de administración del Ministerio de Cultura”, agrega.

La plataforma Joinnus es la única por medio de la qu e se pueden comprar los boletos virtuales a Machu Picchu y a la Red de Caminos Inca en Cusco. (Foto: Captura)

De acuerdo a declaraciones de Luque, el Estado otorgó una orden de servicio por la suma de 36 mil soles anuales a la empresa y, vía una adenda, se estableció que por cada boleto vendido la empresa recibirá 3.9%. Es decir, la empresa será beneficiaria de un aprox. de 10 millones de soles.

“Si esas precisiones se colocaban desde el inicio, quizá había otras empresas que se postulaban, y el Estado recibía mejores ofertas, pero no se hizo eso. Una vez firmado el contrato principal, ustedes generaron una adenda y ahí incluyeron Kuelap y Machupicchu. Es más, el objeto social de la empresa fue modificado. Nuestra preocupación es que hoy, existiendo mucho patrimonio cultural en abandono, el Gobierno no quiera generar recaudación y existiendo una plataforma virtual de la DDC (con todas sus críticas) una medida debió buscar su mejora o en todo caso, mejores beneficios para el Estado vía esta contratación. Pero no hay ni lo uno ni lo otro”, mencionó.

“En este momento existe quejas del sistema virtual, es más ni siquiera se ha previsto un proceso de involucramiento amplio a las agencias de turismo. […] Los cusqueños ya sufrimos lo que significa usar el tren para ir a Machu Picchu expuestos a maltrato y hasta discriminación y un gobierno que nunca ha hecho nada, para generar mejores condiciones”, acotó la legisladora.

Por su parte, el alcalde distrital de Machu Picchu, Elvis La Torre Uñaccori, expresó su rechazo hacia la venta de entradas a través de la plataforma Joinnus e indicó que no fueron consultados en ningún momento sobre la medida.