El Noveno Juzgado Constitucional de Lima emitió su decisión respecto a la demanda de amparo que el fiscal Rafael Vela Barba emprendió en contra la una decisión de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público en la que disponía la suspensión por ocho meses en su contra. El fallo de la jueza Ana Osorio Sosa se ha convertido en objeto de cuestionamientos, pues este hecho está incluido en uno de los hechos delictivos perpetrados por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en las investigaciones del EFICCOP.

En la decisión de la sala, la jueza decidió “declararse incompetente” en el proceso de amparo planteado por el fiscal que estaba encargado del Equipo Lava Jato y que fue suspendido del cargo por declarar ante la prensa. Con este fallo judicial, el proceso termina por extenderse durante más tiempo sin que se detallen más avances respecto al pedido de destitución.

Según el documento, al que tuvo acceso la periodista Jacqueline Fowks, la magistrada Ana Osorio señaló que “al tratarse del cuestionamiento de una resolución administrativa sancionatoria, la evaluación de la pretensión resulta viable a través del proceso contencioso-administrativo” por ser “un mecanismo procesar en el que se pueda brindad tutela adecuada, con las garantías necesarias”.

Como si esta decisión no fuese suficiente, la jueza Osorio consideró que “no existe necesidad de tutela urgente, puesto que no se ha evidenciado que se hayan causado efectos irreparables o que se generen graves consecuencias que justifiquen la tramitación en la vía excepcional del amparo”. Dejando de lado el grave hecho de que este proceso solo puede plantearse dentro del tiempo de ocho meses que dura la suspensión contra Vela.

Este fallo no solo ha sido criticado por la defensa en ese sentido, sino también porque se pronuncia específicamente en el lado procedimental, dejando por fuera el fondo de la demanda y alargando el proceso que Vela Barba ha iniciado en contra de la Fiscalía de la Nación.

En conversación con Infobae Perú, el suspendido fiscal que se encontraba a cargo también de la coordinación de las fiscalías de lavado de activos a nivel nacional, afirmó que esta decisión por parte del Poder Judicial tiene un único objetivo, “entrampar, desde el punto de vista competencial, la decisión de fondo”.

“Lo que buscan (los jueces de la sala) es generar una burocratización del proceso, generando controversias sobre la competencia, porque eso genera que la apelación se centre sobre el tema competencia y no de fondo. Entonces, si no se resuelve el tema de fondo, entonces se tiene que resolver el tema competencial”, señaló Rafael Vela.