La jueza Miluska Cano, que preside la Cuarta Sala Penal Superior Nacional, reprogramó para el 22 de febrero la audiencia del juicio oral contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en el caso de la matanza de Pativilca, debido a un problema de organización de la Fiscalía.

Para ayer lunes estaba programada una audiencia en la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria en el marco del juicio oral contra Fujimori y otros acusados por la presunta comisión de los delitos de homicidio, asesinato y desaparición forzada.

Pero a los pocos minutos de su inicio, la fiscal indicó que tenía otra audiencia simultánea, a lo que la jueza anunció la reprogramación de la misma para el 22 de febrero a las 11:00 hora local (16:00 GMT).

La Fiscalía ha pedido que todos los implicados en este juicio, entre los que están Fujimori, su exasesor Vladimiro Montesinos y otras 21 personas, sean condenados a un mínimo de 25 años de prisión.

Al ser consultado en una anterior audiencia por la jueza, Fujimori anunció que no se iba a acoger a la conclusión anticipada, por lo que el 30 de enero, se analizó una petición de la Fiscalía para que se le imponga 18 meses de arresto domiciliario, que la Justicia rechazó.

«El Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio declaró infundado requerimiento fiscal de variación del mandato de comparecencia simple por detención domiciliaria de Alberto Fujimori Fujimori», informó el Poder Judicial, que sin embargo, le dictó impedimento de salida del país por nueve meses.

Fujimori, de 85 años, dejó en diciembre pasado la prisión en la que cumplía 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad en cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional (TC), que restituyó el indulto que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski.

En el marco de este caso, el 31 de enero, el exasesor presidencial Montesinos, quien fue el «hombre fuerte» del gobierno de Fujimori, fue condenado a 19 años y 8 meses de cárcel por las matanzas de Pativilca y La Cantuta, ambas cometidas en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.

La jueza Cano precisó que esta condena se considera «compurgada» (ya cumplida) porque el exasesor está en prisión desde enero de 2001 y en este caso aceptó la «autoría mediata» (con dominio del hecho) de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato y desaparición forzada.