El Poder Judicial ratificó el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones de los congresistas Guillermo Bermejo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) y Guido Bellido (Perú Bicentenario) en el marco del proceso penal que se les sigue por presunta obstrucción a la acción de la justicia en un proceso por delito de terrorismo.

Así lo decidió la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, según pudo conocer Infobae Perú, tras rechazarse las apelaciones que formularon los parlamentarios de izquierda contra la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

Bermejo y Bellido buscaban con sus impugnaciones que se deje sin efecto la autorización que le otorgó Checkley a la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal para acceder a sus registros telefónicos, desde de 1 de agosto al 30 de noviembre del año 2021.

En dicho plazo, la Fiscalía sostiene que los congresistas, a través del abogado Jhon Kleber Benites Tangoa, habrían contactado al exmilitar Bobby Eddy Villarroel Medina, alias ‘Sacha’, para que no declare en el proceso que se les sigue por presunta afiliación terrorista.

Los legisladores, en sus escritos de apelación, aseguraron que no conocían al letrado y que los elementos presentados por el Ministerio Público no los implicarían directamente. Estos argumentos fueron rechazados por la sala suprema que preside el juez supremo César San Martín.

La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal de Perú ha iniciado una exhaustiva investigación preliminar contra los legisladores Guillermo Bermejo y Guido Bellido, miembros del Congreso, por supuestas acciones de obstrucción a la justicia. Los congresistas están bajo la lupa por intentar presuntamente impedir el testimonio de Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como ‘Sacha’, un exmilitar relacionado con una indagación sobre posibles nexos con el grupo terrorista Sendero Luminoso.

Según las investigaciones, Bermejo y Bellido, aprovechando su posición como congresistas y en complicidad con el abogado Jhon Kleber Benites Tangoa, habrían establecido contacto con ‘Sacha’. Se sospecha que el motivo no era otro que persuadir al exmilitar para que se abstuviera de declarar en su contra, ofreciéndole a cambio protección y asilo político.

Los hechos, que tuvieron lugar supuestamente en un spa en el distrito de La Victoria, habrían incluido intimidaciones directas, poniendo de manifiesto el poder e influencia política de ambos implicados. La fiscal adjunta suprema, Secilia Hinojosa Cuba, ha dictaminado un plazo de ocho meses para completar estas investigaciones, durante los cuales, hasta ahora, no se han impuesto restricciones importantes sobre los acusados, como la prisión preventiva o el impedimento de salida del país.