Las recientes declaraciones del exasesor de confianza de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, ante el despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de Delia Espinoza, han generado gran revuelo en la escena política al consignar entre sus acusaciones a los dos fiscales miembros del Equipo Lava Jato, José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. Estos señalamientos le han dado un impulso a una de las principales investigadas en el caso, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para buscar llevarse abajo la acusación fiscal. Pero, ¿qué acusaciones peligran realmente de ser removidos estos dos fiscales?

Según lo especificado por Ojo Público, la lideresa de Fuerza Popular y otros miembros de la alta dirección del partido naranja se enfrentan a una acusación fiscal de lavado de activos que supera los USD$17.3 millones de dólares americanos. Estos, según el Equipo Especial que llevará a la tres veces candidata a juicio el 1 de julio de este año, provendrían de diferentes aportantes, entre los que se detallan empresas de diversa índole, cócteles, actividades “proselitistas” y otro tipo de gastos.

Conforme a lo que dicho medio de investigación ha podido esclarecer hasta la fecha desde el 2018 y por medio de las actas fiscales, se pueden detallar montos que van desde los S/400 mil soles (en aportes en proceso de verificación), hasta los más de S/19 millones de soles (en presunto financiamiento directo (bancarizado o dinero en efectivo); contando también financiamientos de más de S/8 millones en cenas, almuerzos, cócteles y más.

Además, se logró registrar que entre los aportantes que mayor impulso le dieron a Keiko Fujimori están firmas a cargo de los hombres con mayor poder económico en el Perú. Algunos de estos son Enrique Gubbins, a cargo del grupo Rassmuss, quien registró casi USD$ 8 millones de dólares en favor de la campaña de la excandidata naranja; y Dionisio Romero, quien a través de las empresas Credicorp e Inversiones Piuranas, registró un aporte de más de USD$4 millones de dólares. Todos estos aportes han sido identificados como ilegales por parte del Ministerio Público.

Otras empresas implicadas en los aportes ilegales son entidades como la Confiep, con más de USD$2 millones, MVV Bienes Raíces, la empresa de su exesposo Mark Vitto, con más de USD$2 millones; Odebrecht y el Club de la Construcción, con aportes menores pero significativos en igual medida. Este cuadro ha sido establecido por el medio Ojo Público también tomando como base las acusaciones de Rafael Vela y José Domingo Pérez.

Ahora, una vez superado el periodo de control de acusación, lo que resta en este caso es que pase a un juicio en el que se detallarán estos y muchos otros aportes que han sido considerados como ilegales en un intento de declararlos como Lavado de Activos; sin embargo, a la luz de las últimas acusaciones, este hecho peligra. Ello, debido a los pedidos existentes de la misma lideresa Fujimori Higuchi para que se aparte a los dos fiscales titulares del caso en su contra.