El Poder Judicial declaró improcedente el pedido que hizo la defensa legal de Alejandro Toledo para que el expresidente de la República (2001-2006) sea excarcelado.

PEDIDO LO REALIZÓ ABOGADO DE EXPRESIDENTE

El abogado Paolo Aldea había exigido la liberación inmediata de su patrocinado, argumentando que ya se cumplieron los 18 meses de prisión preventiva que le impuso en 2017 el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, por supuestamente haber recibido una coima millonaria de la multinacional brasileña Odebrecht en la licitación de la carretera Interoceánica.

«Todos los casos en los que se ha extraditado personas del extranjero ha sido el mismo tratamiento: se ha computado el plazo en que se ha detenido en otro país», señaló a RPP.

Sin embargo, el Poder Judicial precisó en su resolución que el año pasado se estableció que el cómputo del plazo de la prisión preventiva contra Toledo Manrique se realizaría desde el momento de la llegada del procesado por el presunto delito de lavado de activos al territorio peruano; esto es, el 23 de abril de 2023, y vencerá el 22 octubre de 2024.

Paolo Aldea dijo que el lunes 19 expiraron los 18 meses de prisión preventiva, pero otorgaron un plazo de dos días adicionales a la espera del pronunciamiento de las autoridades peruanas. 

«Hemos sido cautos al dar dos días al juez de la investigación para que tome una decisión sobre la situación jurídica. Un caso cercano es el caso del señor Martín Belaúnde Lossio (exasesor presidencial de Ollanta Humala), si leemos la resolución que da la corte se le computa el plazo que ha estado en Bolivia detenido y se le agrega el plazo detenido en Perú», agregó.

La defensa del exmandatario se debe tomar en cuenta el tiempo que el exmandatario, de 77 años, pasó en prisión en Estados Unidos; cuando enfrentaba el proceso de extradición al Perú.

Aldea refirió que su patrocinado cumplió un total de ocho meses y tres días de prisión en EE. UU., un periodo de tiempo que debe sumar con su reclusión en el penal de Barbadillo, en Ate, el 23 de abril del 2023.

“La detención en Estados Unidos de Toledo no es una decisión unilateral del juez estadounidense, se hace por el mandato de prisión preventiva ordenada por el juez Richard Concepción Carhuancho”, explicó.

La defensa legal de Toledo Manrique afirmó que el 19 de febrero último expiraron los 18 meses de prisión preventiva impuestos por el juez Richard Concepción Carhuancho en febrero del 2017, pero otorgaron un plazo de dos días adicionales a la espera del pronunciamiento de las autoridades peruanas.

Para Paolo Aldea, el juzgado debería variar la medida coercitiva por un arresto domiciliario, o cualquier otra “medida diferente a la detención para garantizar la presencia de Alejandro Toledo” en el proceso que se le sigue al exmandatario por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencia.