En votaciones separados se aprobó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre la JNJ. Ahora, el tema se debatirá en el pleno del Parlamento.

En una decisión trascendental, la Comisión Permanente del Congreso, en sesión este lunes, aprobó la acusación constitucional e inhabilitación por 10 años de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El informe de la Denuncia Constitucional 373, presentado por el legislador Jorge Montoya, solicita esta medida para los siete miembros de la JNJ, cuyas conclusiones serán sometidas a votación en el Pleno.

El informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue sometido a votación por cada miembro de la JNJ. La expresidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, fue acusada e inhabilitada con 21 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Aldo Vásquez, vicepresidente, también recibió la misma sanción con 18 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. José Ávila, quien renunció, fue acusado e inhabilitado con 18 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

Además, el presidente de la JNJ, Humberto de la Haza, fue acusado e inhabilitado por 10 años con 20 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones. María Zavala, Guillermo Thornberry y Luz Tello también recibieron la misma sanción con 19 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones. Estos resultados fueron producto del debate sobre las conclusiones del informe final de la Subcomisión, y la votación habilitó el documento para ser discutido en el próximo pleno del Congreso, programado para el 6 de marzo.

Congresistas a favor y minorías en contra

Durante la sesión, los congresistas expresaron diversas opiniones sobre la destitución de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Jorge Montoya de Renovación Popular señaló que los magistrados intentaron «dilatar los tiempos» y criticó sus acciones. Eduardo Castillo de Fuerza Popular cuestionó que la JNJ acudiera a Servir para interpretar normas y anunció el apoyo de su bancada a la destitución.

José Cueto de Renovación Popular criticó la expresión de los abogados y resaltó que el Congreso y el Tribunal Constitucional son intérpretes de la Constitución. En contraste, Susel Paredes de Cambio Democrático – Juntos por el Perú se mostró en contra, argumentando falta de sustento jurídico y posible influencia política. Esdras Medina, autor del informe, reiteró la necesidad de destituir a los magistrados por infringir la norma.