Por: Luis Luján Cárdenas

Me creerían si les dijera que 23 millones de peruanos están consumiendo menos alimento desde que concluyó la pandemia, debido a la crisis económica que ha golpeado a las clases baja y media, y llevado a la miseria a los pobladores de las zonas rurales, altoandinas y amazónicas. 

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ha revelado el año pasado que de diez ciudadanos siete han reducido el gasto en alimentos, debido al aumento de los precios por la recesión económica e inflación, el desempleo, la informalidad del trabajo, el incremento del costo de los bienes y servicios, la devaluación de los sueldos, la crisis agraria por la falta de insumos y fertilizantes, El Niño y los efectos del cambio climático, la inseguridad política. En fin, una precaria gobernanza.

Según Apoyo Consultoría, al cierre del 2022 una canasta básica para cuatro personas aumentó a más de 1600 soles (hoy debe ser más), mientras la remuneración mínima vital permanece en 1025 soles.

El INEI reveló que, en el 2022, la desnutrición crónica afectó al 11.7% de las niñas y niños menores de cinco años en el país y que “la prevalencia de anemia en la población de 6 a 35 meses en el ámbito nacional fue de 42.4%, registrándose mayor proporción en el área rural (51.5%), en la selva (52.5%) que en la sierra (50.4%)”. En la costa asciende al 34.4%. Números que no interesa a la clase política.

¿Acaso es difícil enrumbar el país hacia la prosperidad? Creo que no. En las universidades, por ejemplo, tenemos muy buenos politólogos, abogados, sociólogos, economistas, ambientalistas, ingenieros, administradores, y en la actividad privada registramos igualmente buenos profesionales. Y entre los desocupados también hay valiosos y experimentados trabajadores.

Creo que el problema nace desde los llamados “partidos políticos” y su sistema. En realidad, la mayoría no son agrupaciones políticas, sino organizaciones que ven en la captura del Estado una oportunidad para el enriquecimiento ilícito o no, dejando atrás ideario, proyectos políticos y representatividad e intereses de su electorado.

Digo: el derecho a la seguridad alimentaria y una vida digna es la prioridad de todo Estado. No elegimos autoridades para languidecer y morir de hambre. Si las condiciones económicas y laborales son adversas, por lo menos deberían fortalecerse las políticas de asistencia social, reforzándose los comedores populares, creando comedores públicos gratuitos (desayuno, almuerzo y cena) y/o de precios populares y especializados para madres gestantes y niños menores de 5 años, tercera edad, escolares y universitarios y público en general. En cada distrito a escala nacional debería haber uno, para tener fuerzas mental y físicamente y enfrentar con éxito la vida difícil que nos ha tocado.