La Junta Nacional de Justicia (JNJ) advirtió sobre los riesgos que conllevaría la paralización de sus funciones a partir de la eventual destitución de la mayoría de sus integrantes, señalando que 159 procedimientos disciplinarios quedarían paralizados, así como procesos de ratificación de magistrados y funcionarios.

En ese sentido, se recordó desde el mencionado organismo que, para el cumplimiento de sus funciones, requiere contar con un quorum de cinco miembros.

Dichas labores comprenden la selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procedimientos disciplinarios de magistrados de diversos organismos, entre ellos el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Para los procedimientos disciplinarios se necesita además un miembro instructor que elabora su informe y lo eleva al pleno. Este no vota, por lo que se debe contar con un mínimo de seis miembros para decidir sobre estos casos.

Así, si la JNJ no cuenta con el quorum requerido, se paralizarán estos procesos, impidiéndose así que jueces y fiscales sean sancionados, continuando estos como operadores en la administración de justicia. 

Actualmente están en curso 159 procedimientos disciplinarios, entre ellos 10 procesos contra magistrados supremos y 36 procedimientos en reconsideración para ser resueltos de manera firme. 

Se paralizarán, además, los procedimientos de evaluación y ratificación de 81 jueces y 219 fiscales, así como los de los jefes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

Correría similar suerte la evaluación de 200 jueces y fiscales que debe convocarse este año.

De igual manera, los procedimientos disciplinarios de naturaleza abreviada enviados a la JNJ por las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, no podrían iniciarse. Similar situación se daría para las  55 investigaciones preliminares en trámite y tres pedidos de reconsideración.

La Junta también considera que, al eventualmente no contar con la mayoría de sus integrantes, las denuncias administrativas y disciplinarias formuladas por la ciudadanía contra jueces y fiscales por conductas disfuncionales, no podrían ser resueltas.