Los abogados de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, se negaron a entregar el celular de su patrocinada al equipo que lidera la fiscal suprema Delia Espinoza, quien lo había pedido voluntariamente en enero. Asimismo, presentaron una protección de derechos ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien revisó la petición en una audiencia el lunes.

Durante la cita, el abogado Juan Peña invocó precisar qué se busca en el dispositivo, ya que contiene información “secreta” a la que no se podría acceder “por más que se quiera esclarecer” los hechos que implican a la suspendida magistrada en una investigación sobre una red de tráfico de influencias que presuntamente lideraba.

“Si necesitan las comunicaciones con Jaime Villanueva [su exasesor y colaborador eficaz], lo ideal es que se lo pidan a él […] No podemos aceptar la entrega del teléfono sin ninguna especificación, porque dentro de un teléfono no solo se tiene temas de labores, sino información personal y familiar. Hay información que es secreta por la condición que tenía como fiscal de la Nación […] Podemos hacer la entrega del equipo siempre y cuando haya datos precisos”, dijo.

Agregó que, de lo contrario, “no solo se va a vulnerar la vida privada de la doctora Benavides, sino que además se va a hacer de conocimiento público [asuntos privados] por las distintas filtraciones [a la prensa] de la carpeta 1228-2023, [que sigue el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’]”.

En este proceso, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos atribuye a Benavides siete presuntos delitos: organización criminal, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias, falsedad ideológica, encubrimiento personal y encubrimiento real.

Aunque la defensa de la exfiscal alega que la solicitud también viola el debido proceso y el derecho de defensa, Espinoza puntualizó que las precisiones requeridas “estaban claramente descritas y señaladas en la disposición”.

“Para los que conocemos el proceso penal, sabemos que una vez que se entrega voluntariamente el equipo, se procede al lacrado inmediato. No es que el Ministerio Público va a abrir [las conversaciones en el teléfono] inmediatamente, de manera inconsulta, descontrolada, vulnerando derechos del propietario”, remarcó la fiscal suprema.

“Si hay una entrega voluntaria, se hace un acta de recepción, se lacra para posteriormente convocar a una diligencia de deslacrado y de actuación propia, con presencia de los abogados defensores y de la Procuraduría del Estado. […] Definitivamente, nosotros no íbamos a ir más allá. Lo que se pretendía extraer es lo únicamente vinculado a la materia de investigación. […] Como no lo presentó, no hay afectación a su derecho fundamental”, matizó.