El Ministerio Público ha iniciado investigaciones preliminares contra un grupo de congresistas acusados por presuntos recortes de sueldos a trabajadores. Casos que también llegaron a la Comisión de Ética Parlamentaria. Conoce de quiénes se trata y cómo van sus casos.

María Cordero

El Congreso aprobó recientemente levantarle la inmunidad y suspenderla de sus funciones parlamentarias a fin de que la Fiscalía pueda investigarla por el presunto delito de concusión.

En un audio difundido por Punto Final, Cordero Jon Tay –en ese momento congresista por Fuerza Popular- le exigía a uno de sus trabajadores que fueran juntos hasta un cajero para retirar el monto exigido. Por este mismo caso, el pleno del Congreso aprobó sancionarla con 120 días de suspensión, a propuesta de la Comisión de Ética.

Rosio Torres

Un reportaje reveló que al menos cinco servidores de su despacho debían entregar parte de su sueldo a uno de sus sobrinos, quien luego le habría realizado distintos depósitos.

Por este caso, la Fiscalía aprobó abrirle investigación preliminar a la legisladora de Alianza Para el Progreso (APP) en abril del 2023 y luego dispuso levantarle el secreto bancario. Recientemente, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional ante el Parlamento contra ella y la parlamentaria Heidy Juárez.

Heidy Juárez

La actual legisladora de Podemos Perú ha sido acusada de apropiarse de parte del sueldo de cuatro de sus trabajadores en la Comisión Especial de Cambio Climático, a quienes habría exigido pagos mensuales de hasta mil soles a través de su asesor principal. Al igual que su colega Rosio Torres, el Ministerio Público le abrió investigación preliminar por estos hechos en abril del año pasado.

Magaly Ruiz

La congresista de APP fue denunciada por un exempleado de su oficina parlamentaria de pedirle un supuesto “aporte voluntario”. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó la denuncia en su contra; sin embargo, el Ministerio Público le abrió investigación preliminar y ya ha solicitado ante el Poder Judicial que se le levante el secreto de las comunicaciones.

Katy Ugarte

El pasado 7 de marzo, la Fiscalía de la Nación anunció la presentación de una denuncia constitucional en contra de la parlamentaria no agrupada como presunta autora del delito de concusión. Una denuncia periodística recogió testimonios de trabajadores del despacho de Ugarte, quienes aseguraron que los montos exigidos servían para pagar a medios de Cusco, a fin de que hablen bien de su gestión.

Edgar Tello

Una extrabajadora de su despacho, a quien luego despidió pese a estar embarazada, lo acusó de pedir sumas de dinero para la compra un proyector y enseres que serían donados a ollas comunes. La Comisión de Ética aprobó abrir investigación en su contra, pero esta ha sufrido retrasos por las solicitudes de reprogramación presentadas por el congresista del Bloque Magisterial. 

Alejandro Soto

Un reportaje reveló que trabajadores del despacho del actual presidente del Congreso habrían tenido que entregar una parte de su sueldo para pagar publicidad en Facebook en beneficio de su imagen, además de la existencia de una presunta «fábrica de trolls» en su despacho, orientada a atacar a otros colegas. En febrero de este año, la Fiscalía amplió por ocho meses más las pesquisas en su contra por el presunto delito de concusión, tras declarar el caso como complejo.

Jorge Flores

En julio de 2023 se difundió un audio en donde el legislador de Acción Popular les recordaba a sus trabajadores que debían “apoyarlo” con el 10% de sus salarios y la mitad de sus bonos. Incluso aseguró que otros parlamentarios hacían lo mismo en sus despachos. Su caso se votó en diciembre pasado en la Comisión de Ética, pero no hubo acuerdo, por lo que deberá verse nuevamente en la presente legislatura.

Raúl Doroteo

Recientemente, la Procuraduría General del Estado solicitó al Ministerio Público el inicio de diligencias preliminares contra el congresista acciopopulista por el presunto delito de concusión en agravio del Estado. Según una denuncia periodística, habría solicitado a una asesora técnica de su despacho que le entregue sumas de dinero provenientes de su salario y bonificaciones.

María Acuña

De acuerdo con un reportaje, la legisladora de APP habría recortado el sueldo a dos empleados de su despacho para, con ese monto, pagar el salario del encargado de su oficina descentralizada en Chiclayo. El Ministerio Público le abrió una investigación preliminar por el presunto delito de concusión, la cual sigue en curso.

José Arriola

Una denuncia periodística reveló que los trabajadores del congresista no agrupado habrían firmado declaraciones juradas para donar parte de sus sueldos con fines de “apoyo social”. La denuncia fue llevada a la Comisión de Ética Parlamentaria.