Por: Christian Capuñay Reátegui

El 11 de marzo pasado, un agente de la Policía Nacional arrolló con su vehículo a dos jóvenes estudiantes en el distrito limeño de San Martín de Porres y les ocasionó la muerte al instante.

El causante de este infausto accidente había invadido la vía exclusiva destinada a los buses del Metropolitano, violando de forma alevosa el reglamento de tránsito que prohíbe la circulación de unidades particulares. Asimismo, según las investigaciones, circulaba a más de 100 kilómetros por hora en una vía en la que el límite de velocidad es de 50 kilómetros por hora.

Este lamentable suceso debe hacernos reflexionar sobre lo normalizado y extendido que está en nuestra sociedad el irrespeto a las normas de tránsito, situación que es uno de los factores principales de la alta incidencia de siniestros en las calles y carreteras en el ámbito nacional.

El solo hecho de que el accidente aquí reseñado haya sido ocasionado por la imprudencia e irresponsabilidad de un agente del orden –en teoría, encargado de velar por el cumplimiento de las leyes y las normas– nos debe dar una idea de la magnitud del problema.

En definitiva, que un policía no respete el reglamento de tránsito puede incentivar a otras personas a hacer lo mismo, generándose una cadena perversa cuyos únicos perjudicados somos todos los ciudadanos.

En el caso de la vías exclusivas del Metropolitano, su invasión por vehículos no autorizados es pan de cada día a lo largo de su recorrido, algo de lo que todos hemos sido testigos alguna vez.

Por tanto, resulta imperativo para las autoridades intensificar los controles con la finalidad de evitar que esta situación se perpetúe y las vidas de los ciudadanos estén en riesgo permanente. Pero no basta solo eso, es necesario sancionar con dureza a los infractores y así evitar la reincidencia y el efecto cadena. Poner en peligro a la población amerita un castigo más férreo que una multa.

Y lo mismo debería ocurrir con todos los demás incumplimientos al reglamento de tránsito, los cuales en muchos casos no se sancionan porque la autoridad no cumple su función con la severidad que amerita. En el caso del los límites de velocidad, modificados hace poco tiempo, estos no son respetados con rigurosidad como lo prueba la información brindada por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según la cual el exceso de velocidad es la principal causa de los accidentes viales, que deja la escalofriante cifra de 273 personas fallecidas al mes en estos sucesos.

Pero, además de la acción fiscalizadora y sancionadora de las autoridades, para revertir este panorama sombrío corresponde a cada ciudadano actuar de manera responsable y buscar primero un cambio en el fuero interno que luego se proyecte hacia la comunidad contribuyendo a hacerla mejor.