Por: Christian Capuñay Reátegui

Con frecuencia escuchamos a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elogiar los fundamentos de la economía nacional, los cuales, dicen, son garantía de estabilidad y la base para la reactivación en un escenario pospandemia y de crisis internacional.

El discurso oficial sostiene que en mérito a su política económica responsable y consolidada predictibilidad, el Perú ejerce una fuerte atracción hacia los grandes capitales extranjeros, que observan con admiración las ventajas que lograrían si deciden arriesgar en nuestro medio.

De ese modo, al centrarse solamente en variables económicas, niegan que el avance del producto bruto interno no está ligado a otros factores, por ejemplo, la inestabilidad política o la crisis de institucionalidad que experimentamos desde hace un buen tiempo.

En otras palabras, esta perspectiva sostiene que si la economía crece a tasas muy moderadas se debe principalmente a factores climáticos, conflictos internacionales, la presión que ejerce la inflación, entre otras variables externas, mas no por nuestros problemas domésticos.

Sin embargo, sabemos que esta es una verdad a medias. Por el contrario, es evidente que la inestabilidad política y la debilidad institucional sí pueden influir en la marcha de la economía en la medida de que son capaces de generar incertidumbre hasta en el más curtido de los agentes económicos, el cual razonablemente puede postergar decisiones hasta ver el panorama más claro.

Damos por hecho, entonces, que los últimos sucesos políticos en definitiva no contribuyen a construir un escenario estable y predecible a favor de la reactivación. Nadie en su sano juicio puede sostener que la inhabilitación de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y su posterior reposición ordenada por el Poder Judicial no tiene efecto en las perspectivas económicas.

La crisis de institucionalidad en el Perú -expresada no solo en el caso de la JNJ, sino también en otros acontecimientos en el que predomina una instrumentalización de mecanismos legales y constitucionales para conseguir objetivos políticos o favorecer ciertos intereses- nos está pasando factura en el ámbito económico. El exministro de Economía, Kurt Burneo advierte que, por más políticas macroeconómicas sensatas que se apliquen, la reactivación y la generación de empleo demorarán más tiempo si estas no se aplican en un contexto de instituciones más predecibles y no sesgadas hacia determinados grupos de interés.

Los culpables de que nuestra institucionalidad esté cada vez más menoscabada son conscientes del mal que están causando al país, pero no les importa. Para ellos sus intereses son primero. Debemos señalar esta responsabilidad a fin de que llegado el momento rindan cuentas ante el país por perjudicar a los peruanos más vulnerables, impidiendo que la economía avance a un ritmo más firme.