El robo de celulares continúa siendo una de las actividades delictivas con más incidencia a nivel nacional, pese a que, recientemente, se aprobó un Decreto Legislativo que permite condenar hasta con 30 años de cárcel a los autores de estos robos cuando se cometen con explosivos o vehículos motorizados.

No obstante, según datos del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), en el país se roban cerca de 4500 celulares diariamente, lo que significa un promedio de 198 por hora y 3 por minuto.

Al respecto, RPP conversó con el general PNP Marco Conde, director de Investigación criminal de la PNP, quien señaló que uno de los pasos para disminuir esa incidencia es reducir la «cifra negra», es decir la cantidad de robos que no son denunciados policialmente.

Además, respondió una de las principales interrogantes de la ciudadanía: si se sabe dónde se venden los equipos móviles robados, ¿por qué no se intervienen esos locales y se clausuran definitivamente?

El director de la Dirincri indicó que constantemente se realizan operativos policiales en estos locales. Sin embargo, estos siguen funcionando amparados en una fachada de legalidad.

«Son mercados formales que tienen la autorización municipal y legal para vender equipos legales. Sin embargo, llegan equipos que son sustraídos y hemos realizado operaciones policiales. (Sin embargo), hay una primera falla desde los municipios pues se sabe lo que venden (y) las personas se enteran de las intervenciones», señaló. 

Conde Cuéllar resaltó que las organizaciones criminales cuentan con «anillos» de seguridad que les permiten conocer de intervenciones policiales inminentes y así obstaculizar la labor de los agentes del orden. 

«Cuando se hacen operaciones policiales, estos individuos tienen anillos que les informan, como si fuera seguridad. Cuando ven personal policial que se dirige hacia ese lugar, sea Las Malvinas u otro, tienen personas que están en las puertas para cerrarlas de inmediato. Muchas veces hemos empleado la fuerza para incautar y detener a las personas», sostuvo. 

A su vez, el general de la Policía resaltó que aún con estas intervenciones, es la mala «cultura» ciudadana la que hace que estos negocios sigan funcionando.