El Poder Judicial dejó al voto el pedido de la fiscalía para confirmar la incautación de tres relojes finos y una pulsera bangle de brillantes, adquiridas por gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima y que habrían sido prestados a la jefa del Estado.

El juez Juan Carlos Checkley encabezó la diligencia en la que se escucharon las posiciones de los abogados de la jefa del Estado y de la mencionada autoridad regional, así como de los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría General del Estado.

El magistrado señaló que, tras este acto, las partes implicadas en este proceso serian notificadas sobre su decisión a través de sus casillas de correo electrónico.

Eduardo Barriga, abogado de la presidenta Dina Boluarte, y Humberto Abanto, defensor legal de Wilfredo Oscorima, coincidieron en pedir que no se confirme el pedido planteado por el Ministerio Público, alegando deficiencias en los procedimientos seguidos.

Barriga puso como ejemplo de ello que se haya generado la orden de allanamiento del domicilio de la mandataria sin que se tomen en cuenta los alegatos planteados al respecto por él, en su condición de abogado defensor. 

“Lamentablemente el Ministerio Público está actuando con la judicialización de la política o actuando mediáticamente por lo que saca la prensa”, indicó el letrado. Consideró que, por esa situación, no se cumple con lo establecido en el Código Procesal Penal.

Asimismo, dijo que se pretende establecer “una apariencia de peligro y de demora” en el acatamiento de medidas para que se confirme judicialmente la incautación. El abogado dijo que esa situación es solo “una conjetura” y, por tanto, no puede restringirse en base a ella el ejercicio de derechos fundamentales.

Por el Ministerio Público, el fiscal Hernán Mendoza pidió la confirmatoria de la incautación, y dijo que, en razón de la posesión de estos bienes, la omisión de consignar estos vía declaración jurada y el incremento presuntamente injustificado de cuentas bancarias, la investigación inicial sobre enriquecimiento ilícito y abuso de cargo, se amplió para incluir el delito de cohecho.

Milton Vílchez, representante de la Procuraduría General del Estado, también pidió al juez Checkley que confirmara la incautación pues “es menester poner a buen recaudo estos bienes de alta gama”. Consideró que la comisión de los delitos investigados “afectarían los intereses constitucionales” del Poder Ejecutivo y del gobierno regional ayacuchano.