A pesar de la detección de posibles casos de corrupción e inconducta funcional detectados al interior del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), los involucrados no obtienen una sanción debido a la demora de los órganos sancionadores del Estado. Desde la Unidad Funcional de Integridad Institucional manifestaron su inconformidad con la celeridad de los procesos, puesto que hasta la fecha no se obtienen sanciones. 

«En el Estado peruano hay grupos organizados en torno a procesos administrativos y de servicios que se acostumbraron a trabajar en la corrupción. Esa es la labor de la Unidad de Integridad. (…) Se debe sancionar a los funcionarios por inconducta funcional y actos de corrupción, pero también se deben mejorar los procesos para que sean más transparentes y la corrupción no vuelva», declaró el jefe de la Unidad Funcional de Integridad Institucional del GRA, Andy Phillips Zeballos.

En el transcurso del 2024, la Unidad Funcional de Integridad Institucional del GRA admitió 10 denuncias por inconducta funcional detectadas en ejecución de obras y procesos de logística. De esta cifra, cinco corresponden a acciones de inconducta funcional, por lo que los expedientes fueron enviados a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios (PAD) y las cinco restantes –que corresponderían a acciones de desviación de fondos, nepotismo y corrupción– fueron enviadas a la Procuraduría Pública y la Contraloría Regional. 

La Unidad Funcional de Integridad Institucional del GRA deriva las denuncias a la Secretaría Técnica PAD, al Órgano de Control Interno y a la Procuraduría Pública, de acuerdo a la índole de la sanción. Desde allí se realizan las investigaciones por inconducta funcional o por corrupción, pero –debido a la carga procesal– hasta la fecha no se emiten sanciones contra los involucrados. «Nos gustaría que las investigaciones vayan más rápido, pero los procesos toman su tiempo porque hay una sobrecarga en todos los aparatos de investigación», refirió. 

Además, Phillips Zeballos aseguró que para acelerar resultados en cuanto a procesos sancionadores, la Unidad de Integridad ya sugirió incrementar la cantidad de recursos humanos en la Secretaría PAD, pues recién revisan procesos del 2022. En tanto, resaltó que las investigaciones mayores dependen netamente del Poder Judicial y el Ministerio Público. De modo que corresponde a dichas entidades acelerar los procesos, aunque aparentemente no avanzan al ritmo esperado. 

CORRUPCIÓN EN TRANSPORTES 

En torno a la Gerencia Regional de Transportes hay un circuito de tramitadores y estafadores que permiten «facilitar» los exámenes para obtener un brevete. Hay una organización criminal en torno a la entrega de licencias de conducir. Esto fue remitido a la Procuraduría. De acuerdo a Phillips Zeballos, ninguno de los involucrados trabajaría al interior de la Gerencia de Transportes.