Por: Christian Capuñay Reátegui

REFLEXIONES

Desde el momento siguiente a la entrega de resultados oficiales de las elecciones generales del 2021 comenzó una campaña que buscó desconocer los resultados de dicho proceso y la voluntad popular expresada a través de él.

El argumento de quienes perdieron esos comicios y de aquellos que no aceptaban el resultado fue que hubo fraude.

Por desgracia, esa campaña continúa hoy, tres años después del proceso electoral. Quienes la enarbolan sostienen que uno de los candidatos, a la postre ganador, conspiró con los organismos que conforman el sistema electoral para “robarse” la elección.

Lo que estos sectores prefieren no mencionar es que afamados estudios de abogados de la ciudad, contratados por el partido que perdió, no pudieron encontrar ninguna irregularidad ni brecha legal para impugnar el resultado. No pudieron porque no existió ningún acto que comprometiera la legalidad del proceso.

Otra aspecto que no mencionan es que todas las misiones internacionales de observación electoral que llegaron al país constataron que los comicios fueron limpios, libres y transparentes. Tampoco recuerdan que el Congreso gastó cientos de miles de soles de los contribuyentes formando una comisión para investigar el supuesto fraude sin ningún resultado.

Por el contrario, lejos de tomar en cuenta estos argumentos, se continúa acusando un fraude que no existió y, además, se trata de afectar el funcionamiento de los organismos que conforman el sistema electoral, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuyo presidente, Jorge Salas Arenas, es objeto de una virulenta campaña de ataques políticos.

Obviando que las decisiones del JNE se toman de forma colegiada, este funcionario es culpado, además, de coludirse y confabular con uno de los postulantes a fin de torcer la voluntad popular,

Los grupos que lideran este esfuerzo sea han puesto como objetivo controlar el sistema electoral. Lo confesó uno de sus integrantes cuando señaló hace pocos días que no podían apoyar el adelanto de elecciones porque aún no podían cambiar a las actuales autoridades electorales.

Para algunos sectores, este esfuerzo innoble no es un comportamiento aislado, sino, más bien, parte de un plan para copar todas las instituciones del país y así evitar cualquier oposición a sus planes e intereses políticos.

El JNE y otros organismos se encuentran bajo asedio y sus capacidades para responder decaen. Aún resisten, pero cada vez menos. Por eso, ante tal escenario, lo poco que nos queda de institucionalidad, incluyendo la sociedad civil organizada, debería de reaccionar para no permitir que el país sea empleado como instrumento para el cumplimiento de intereses políticos partidarios de quienes son los responsables de la crisis que actualmente padecemos.