La Inspectoría de la Policía Nacional del Perú inició un proceso administrativo disciplinario en la vía ordinaria contra el coronel Harvey Colchado, ex jefe de la Diviac, y otros cuatro integrantes de esta división policial por el allanamiento de la vivienda de la mandataria Dina Boluarte.

En la resolución, se indica que «esta situación permite denotar un apresuramiento en realizar el operativo policial a pesar de una falta de previsión en la revisión y verificación de la orden de operaciones y sus anexos», según RPP.

Además que no se ha consignado una resolución judicial y que otros documentos de Inteligencia tienen una resolución del 30 de marzo del 2024 cuando la operación policial inició el 29 de marzo.

Dentro de las circunstancias que motivaron el proceso administrativo contra Harvey Colchado se menciona el uso del ariete conocido como ‘Torito’, el cual, advirtieron, «no se encuentra regulado en los instrumentos normativos y gestión de la institución policial». 

Se advierte en el contenido de la resolución judicial que se dispone al Ministerio Público la ejecución de la medida coercitiva, autorizando entre ellos el descerraje de ser el caso de no permitirse el ingreso al inmueble. Sin embargo, «no se indica bajo qué medio o forma debía realizarse esta acción y si es la institución policial la que debía hacerlo».

Asimismo, se menciona que «el coronel Colchado se ha tomado atribuciones que no le corresponde: la atribución de usar, por ejemplo, el ariete conocido como ‘Torito'». 

Luego que Inspectoría de la PNP inciara un proceso administrativo contra el coronel Harvey Colchado por el allanamiento del domicilio de la mandataria Dina Boluarte, su abogado, Miguel Pérez Arroyo, señaló que lo que se pretende es invalidar la prueba obtenida del operativo. Por tanto, calificó el proceso de una «construcción política» en perjuicio de su patrocinado.