Gobierno prorrogó emergencia en Apurímac, Cusco y Arequipa
Desde este martes, 4 de junio, rige la prórroga por 30 días calendario del estado de emergencia declarado en el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa. La medida, adoptada por el Poder Ejecutivo, incluye los 500 metros adyacentes a cada lado de la vía.
El Decreto Supremo 055-2024-PCM, que se publicó en la edición extraordinaria del boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, establece que la Policía Nacional se encargará del control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Según precisa el dispositivo legal, durante la prórroga del estado de emergencia se aplicará lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución, en lo que concierne a la restricción o suspensión de los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito por el territorio nacional y libertad de reunión.
El trabajo conjunto entre la Policía y las Fuerzas Armadas se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo (D. Leg.) 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP; y en el D. Leg. 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las FF.AA., y su Reglamento.
Así como en el “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”, aprobado por Decreto Supremo 002-2023-MIMP.
Durante los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia en este sector, que une a tres regiones, la PNP deberá presentar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, un informe detallado de las acciones ejecutadas dentro del régimen de excepción y los resultados obtenidos.
El decreto que establece la prórroga del estado de emergencia lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte; y el refrendo del jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén; José Arista, ministro de Economía y Finanzas y encargado del Despacho del Ministerio de Defensa; Juan Santiváñez, ministro del Interior; y Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos.
