En el transcurso del año escolar 2024, se han registrado un total de 392 casos de abuso al interior de una institución educativa. Aunque 224 denuncias de abuso ocurrieron entre escolares, 168 corresponden a abuso de docentes hacia alumnos. Ante esta situación, desde la Comisión de Educación del Consejo Regional de Arequipa (CRA) resaltaron la necesidad de promover una ley que acelere loa proceso sancionadores en contra de docentes abusadores. 

De acuerdo a los reportes del Siseve, de marzo a mayo se reportaron 392 casos de violencia escolar en la región Arequipa. De estos casos, 144 corresponden a violencia física, 191 a violencia psicológica y 57 a violencia sexual. La mayoría de casos reportados ocurrieron en la Ugel Norte, donde se registran 166 casos; le sigue la Ugel Sur con 117 casos y Ugel La Joya con 50. Mientras que las Ugeles de Caylloma, Camaná, Islay, La Unión, Condesuyos, Castilla y Caravelí reportan en conjunto 59 casos. 

«El año escolar 2024 inició casi a mediados de marzo e incluso más tarde en algunas instituciones. Es una pena que en dos meses y medio ya se contabilicen 392 casos de violencia escolar en toda la región. (…) Estos son únicamente los casos que aparecen en Siseve. Hay casos que no se denuncian, donde el agredido se queda callado y no lo comunica. Esto es muy preocupante», sostuvo la consejera y presidenta de la comisión de Educación, Marleny Arminta Valencia.

Mas preocupante resulta aún que de la totalidad de casos de abuso escolar al menos 168 fueron perpetrados de personal de la institución –entre docentes, directores y personal auxiliar– hacia los alumnos. De la totalidad, 63 casos fueron reportados desde la Ugel Norte; 47 de la Ugel Sur; 15 de La Joya; 10 de Camaná; 8 de Caylloma; 8 de Islay; 8 de Caravelí; 6 de La Unión; 2 de Castilla y 1 de Condesuyos. Datos alarmantes considerando lo poco avanzado del ciclo escolar. 

Desde la Comisión de Educación consideran que el proceso sancionador de parte de las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel) hacia el personal docente agresor es deficiente. Dado que cuando un docente agresor es separado por un caso de violencia no es retirado inmediatamente de la labor magisterial, sino que –en muchos casos– efectúa trabajo remoto mientras se sigue su proceso. Por si fuera poco, continúa percibiendo íntegramente su remuneración. «Más que una sanción parece un premio», sostuvo Arminta Valencia. 

Para la consejera, los protocolos de sanción docente dictados por el Ministerio de Educación (Minedu) son obsoletos hoy en día. Dado que ante la alta cantidad de procesos sancionadores pendientes, una parte importante de estos termina por expirar. Razón por la que exhortó a las autoridades del sector a impulsar un cambio de esta reforma para asegurar la integridad física y mental de los estudiantes. 

 «Definitivamente –al tratarse de una ley– le corresponde al Congreso efectuar cambios a la Ley Magisterial. En tanto, desde la Gerencia Regional de Educación –como órgano rector de educación en Arequipa– deberían ser los encargados de buscar cambios para este ley. Hay que procurar un cambio en pro de los escolares», finalizó la consejera electa por Arequipa.